hoyporhoy_2012-11-08

Los argumentos que en materia de seguridad se esgrimen para justificar las millonarias inversiones en armamento y los improvisados aumentos salariales a comisionados y subcomisionados de la Policía Nacional son debatibles; pero además hay un factor económico insoslayable.

Los aumentos no estaban presupuestados, lo que significa que habrá que hacer reasignación de partidas de áreas que sí fueron identificadas como prioritarias.

Esto crea un precedente funesto que aprovecharán los profesionales que trabajan en el sector público y que también tienen aspiraciones monetarias para las que exigen respuesta inmediata. Más aún, estos aumentos alteran la jerarquía salarial constitucional, al punto de que hay juristas que opinan que obligarán a hacer ajustes a ministros, viceministros y magistrados de la Corte Suprema.

Son estas decisiones repentinas las que llevan a la población a desconfiar, tanto de las motivaciones como del manejo que el gobierno le da a las finanzas públicas. Ciertamente, la administración de Ricardo Martinelli dejará obras de infraestructura, pero asimismo dejará compromisos asumidos al calor de la arrogancia, compromisos que nos pueden costar caros, y no solo en término de dólares.

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