hoyporhoy_2012-12-02

Durante años, la población ha sido testigo, cuando no víctima, de derrumbes, deslizamientos y otros percances que ocurren cuando factores climáticos ponen a prueba infraestructuras y edificaciones, dejando en evidencia la pobre calidad profesional y ética de algunos contratistas.

Hasta ahora las emergencias que se generaban tras estos incidentes absorbían la atención ciudadana, permitiendo a los responsables cobijarse en una especie de penumbra mediática. Esta vez la situación es diferente: la población está exigiendo rendición de cuentas, tanto de parte de las empresas constructoras, como de los funcionarios encargados de supervisarlas.

No acepta más que quienes le venden bienes y servicios al Estado cobren millones sin responder por la calidad de lo que entregan, o que los funcionarios llamados a fiscalizarlos los apadrinen, por desidia o cobardía o simplemente porque hacerse de la vista gorda es una manera de lucrar.

Los panameños queremos conocer los nombres de los responsables y saber qué recursos hay para llevarlos ante la justicia. Ya está bueno de pasar la página, ya está bueno de que el Estado –o sea los contribuyentes– tenga que pagar por la incompetencia, el abuso y el juega vivo de unos pocos.

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