hoyporhoy_2012-12-19

El innecesario secretismo con que se manejó el nombramiento de José Ayú Prado como magistrado de la Sala Penal de la CSJ no ha hecho sino contribuir al descrédito de esta administración. En saco roto cayeron aquellas promesas de campaña de acuerdo con las cuales la designación recaería en la sociedad civil, “sin ninguna participación” del Ejecutivo.

De manera inconsulta y cuando ya no hay aire para el debate, el dedo presidencial señala al ungido –funcionario cuya gestión en la Procuraduría deja más expectativas que resultados­ y, con esta decisión, sella el control –por mayoría– de todos los Órganos del Estado.

Pero eso no es todo: con Ana Belfon como procuradora de la Nación, el Ministerio Público queda en manos de una exfiscal de la dictadura que, para agravar las cosas, viene de ocupar un cargo en el Ministerio de la Presidencia, cercanía que, por sí sola, bastaría para descalificarla.

Queda demostrada la poca importancia que le merecen al Presidente de la República temas fundamentales para la democracia como son la separación de poderes, la independencia judicial, la transparencia y la rendición de cuentas.

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