hoyporhoy_2013-06-07

Nuestra Constitución es clara: todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial. Obsérvese bien. Ningún otro poder del Estado puede hacerlo sin tener una orden expresa para ello.

De ahí que nuestra legislación penal desarrolla un capítulo para los llamados delitos de la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Por eso, lo que ocurre en este momento debería dejarnos estupefactos, fríos, indignados: nos están espiando con propósitos oscuros y, aunque muchos lo sospechan, no se tiene certeza de quién lo hace. Ningún juez, que se sepa, ha autorizado tal medida.

No existe aquí, como dice el gobierno de Barack Obama en medio del escándalo de espionaje que se ha desatado allá, una amenaza terrorista.

Las miradas, especialmente las de la oposición, apuntan al Palacio de las Garzas, particularmente por aquellas palabras que dejó escritas en uno de sus informes la exembajadora estadounidense en Panamá Barbara Stephenson, y que se le atribuían a Ricardo Martinelli: “Necesito ayuda con la intervención de teléfonos”.

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