hoyporhoy_2013-06-15

Esta semana, la Asamblea Nacional demostró que puede pasar de inoperante a peligrosa, al aprobar una ley que va en contrasentido de los ideales aperturistas a los que Panamá se ha adherido como Estado y como sociedad, y que tan buenos réditos le han traído a nuestra economía.

Dicha ley establece que el 75% de las acciones de las compañías que prestan servicios a barcos que transitan por el Canal –tales como abastecimiento de combustible– debe pertenecer a panameños, lo que significa que operadores de capital extranjero dedicados a esta actividad se verán obligados a retirarse del sector.

Las posibles consecuencias negativas de la restricción van desde la violación a la seguridad jurídica y a los tratados internacionales vigentes, hasta la pérdida de competitividad propia de mercados controlados por un pequeño número de operadores; pero además está el mensaje negativo que esta nueva legislación le envía a la inversión extranjera.

Del otro lado de la moneda están los beneficios o, más bien, los beneficiarios: un puñado de firmas y empresas que amén de este espaldarazo legislativo verán crecer su tajada del pastel. Bochornoso.

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