hoyporhoy_2013-07-04

Que 11 años después de sancionada la Ley de Transparencia y hábeas data no se hayan hecho depósitos en la cuenta a cargo de la Defensoría del Pueblo para financiar programas de participación ciudadana, y que en todo ese tiempo solo dos funcionarios hayan sido sancionados por no suministrar información solicitada de sus despachos, habla del respeto que las instancias oficiales dispensan a lo relacionado con la rendición de cuentas que demandan los ciudadanos.

 Esta administración, en particular, se ha caracterizado por escamotear información de carácter público, echando mano de cuanto subterfugio es imaginable, si bien el silencio sepulcral es el más socorrido.

Ello explica que, ante ese blindaje de secretismo, no prospere ningún hábeas data, por más razonable, justificado o insistente que sea.

Y que la institución nominada para gestionar los fondos aludidos sea la inoperante actual Defensoría, agrega una nota de espanto al asunto.

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