hoyporhoy_2013-07-20

Si hay algo que ha quedado claro tras el llamamiento a juicio de la dirigente opositora Balbina Herrera es que en Panamá la justicia es selectiva. A ella se la juzgará por divulgar correos privados entre el Presidente de la República y el empresario italiano Valter Lavítola, que está a la espera de ser juzgado en su país por corrupción internacional.

Pero, ¿y lo que describen esos correos no constituyen delito alguno? ¿Qué investigación han adelantado las autoridades locales a fin de conocer si hubo o no pago de coimas? Ninguna. Nadie ha movido un dedo para averiguar de qué hablan esos correos.

Lo mismo hizo la Corte Suprema de Justicia cuando el magistrado Alejandro Moncada impidió, mediante argucias, que se investigara si el Presidente había o no manejado cuentas en Financial Pacific y, de haberlo hecho, cuánto dinero pasó por esas cuentas, así como su procedencia y destino.

Entonces, ¿cómo no creer que existe una sociedad entre el Ejecutivo y los otros órganos del Estado para impedir llegar al fondo de hechos claramente sospechosos? Quizás el proceso judicial en Italia contra Lavítola arroje luz sobre lo que, con tanto esmero, se oculta en Panamá.

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