hoyporhoy_2013-11-01

Hace cinco años, el Estado panameño, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitió una crisis en su sistema penitenciario y asumió el compromiso de resolverla.

Pero, pasado el lustro y ante el mismo foro internacional, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, conformada por grupos de la sociedad civil de Panamá, volvió a denunciar que el hacinamiento, la ausencia de médicos para la atención de reos, la existencia de detenidos sin condena y el reporte de muertes de reclusos en hechos poco claros son problemas que persisten, y se agravan.

Mejorar este panorama para reinsertar a los más de 12 mil panameños y extranjeros, que hoy son vistos como números de la población penal del país, de las más altas en la región, es un reto titánico, mas no imposible.

Salvo la construcción de cárceles –con clara oportunidad para negocios– este gobierno registra milimétricos avances en el tema.

Es cierto que quienes están en una prisión es porque transgredieron las leyes y merecen un castigo; sin embargo, este no puede ejecutarse con abierta violación a los derechos humanos. Eso también es quebrantar la ley.

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