hoyporhoy_2013-11-16

Si en materia de justicia común la cosa anda tan mal –como ha quedado demostrado con la corredera que armó un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que parece no haber asistido a una sola de sus clases de derecho constitucional–, en materia electoral no vamos mejor, al menos en lo que se refiere a la persecución de los delitos electorales.

La Fiscalía General Electoral de Panamá, específicamente su titular, tiene una presencia nula en el proceso de elección popular ya en marcha. A pesar de que la Constitución le asigna la misión de vigilar la conducta oficial de los funcionarios en lo que respecta a los derechos y deberes político electorales, este fiscal parece sordo, mudo y ciego en todo lo que hace el Presidente de la República para promover candidatos de su partido, como el aspirante a la Presidencia o la alcaldesa del distrito capital.

Tan vergonzosa es su falta de protagonismo, que los magistrados del Tribunal Electoral le están exigiendo que cumpla su deber, a lo que hay que añadir que, si no lo hace, tenga la entereza moral para renunciar a un cargo que evidentemente le queda demasiado grande.

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