hoyporhoy_2014-07-05

El llamado de la Alianza Ciudadana Pro Justicia al Presidente de la República para derogar los indultos otorgados dolosamente por su antecesor, el último día de mandato, recoge el clamor ciudadano de que se haga justicia de una vez por todas.

 No se trata de intervenir en otro órgano del Estado, porque si existe la voluntad política de contribuir con la justicia y recuperar la institucionalidad corresponde corregir, con una medida similar, un decreto con visos de inconstitucionalidad emitido con el fin de cobijar con el manto de la impunidad a los otrora allegados del poder.

Esto lo sabe cualquier ciudadano con sentido común, sin necesidad de que sea juez. Dejar así las cosas, y esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, permite salirse con la suya a quien violó la ley.

El Órgano Legislativo puede y debe aportar su granito de arena. Esa contribución consiste en suprimir lo más pronto posible ese adefesio legal aprobado en 2012: el requisito de presentar una “prueba idónea del hecho punible” cuando la Corte Suprema investigue a un diputado.

De esta forma se envía un mensaje de igualdad de todos ante la ley, incluidos los miembros del Parlacen.

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