hoyporhoy_2014-07-06

La llamada declaración patrimonial de bienes se estableció en la Constitución -aunque sin la obligación de divulgarla- con el propósito claro de evitar que los servidores públicos de alto rango o aquellos que tienen bajo su cuidado, custodia o control fondos del Tesoro Nacional, se enriquezcan en detrimento de los recursos estatales. Así, al inicio de cada gestión gubernamental dichos funcionarios deben presentar ante un notario su estado patrimonial, el cual ha de remitirse a la Contraloría General.

Una vez separados del cargo, cumplirán trámite similar. Se supone que no hacerlo conlleva multas, incluso sanciones de carácter penal. Sin embargo, el papel del organismo de control es por completo pasivo. Así, por más que algunos entren millonarios y salgan multimillonarios, resulta muy difícil poner tras las rejas a quienes se aprovechan del erario. Funcionarios del gobierno actual expresan que si bien acatarán lo mandado, no harán público el monto de sus patrimonios.

Con independencia de las razones que aleguen, ello no guarda concordancia con la transparencia anunciada como compromiso de Estado por el Presidente de la República. Bien estaría, entonces, ir un paso más allá de lo establecido. Sería predicar con el ejemplo.

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