hoyporhoy_2014-10-04

Las decisiones adoptadas para cancelar los contratos con la empresa Cobranzas del Istmo, policía ejecutora de la antigua Anip, y con la operadora de Buko Millonario merecen el aplauso ciudadano, por ser medidas que se dirigen a adecentar la administración pública en aspectos de confianza y credibilidad.

En cuanto al mencionado juego de azar, desde sus inicios fue un negocio torcido al no cumplir las exigencias que determinaban su legalidad, con lo que consumó un hecho notorio de ocultamiento de información.

Es de esperar que cualquier reforma que pueda darse, de hecho necesaria, a la Ley de Contrataciones Públicas asegure para los intereses de Estado la más estricta transparencia en todas las fases del proceso respectivo.

Mientras no hagamos de la transparencia un valor arraigado de manera cultural en nuestra sociedad, no podemos exigirla ni de quienes nos gobiernan ni de quienes negocian con la administración de turno.

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