hoyporhoy_2014-10-21

Si lo que se afirmó ayer en la Asamblea, por parte del diputado fiscal, es cierto, la sanción que podría enfrentar el acusado magistrado es de 20 a 40 años de cárcel. Aparentemente comienza a funcionar el engranaje de la justicia.

Para una democracia no existe nada más difícil que usar las herramientas del Estado de derecho contra la alta corrupción política y los juegos sucios del poder.

Ahora le corresponde un plazo razonable de dos meses al diputado fiscal para probar las serias imputaciones de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidor público y falsedad de documentos públicos.

También, a la defensa técnica le corresponderá demostrar el origen “sano” del patrimonio de su cliente para salvarlo.

El riesgo más grande para la joven democracia es que, cumplidos los términos y las garantías procesales, y presentadas las evidencias por las dos partes, el voto del pleno de la Asamblea –sea este condenatorio o no– corresponda a la voluntad producida por pequeños intereses partidistas o a grandes intereses económicos. Esa sería la peor traición a la patria y a la fe democrática de los panameños.

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