INCENTIVOS DE LA LEY 8

¿Dónde está la ilegalidad...?: César A. Tribaldos G.

La Ley 8 de 14 de junio de 1994 nace producto de un esfuerzo conjunto del sector productivo y el Gobierno Nacional de ese entonces, que luego de analizar los resultados de un estudio financiado por el BID acordó poner en práctica un Plan Maestro para el Desarrollo del Turismo en Panamá. Para esa fecha, el turismo no estaba dentro de las prioridades ni reflejaba un ingreso importante que marcara dentro del PIB, mientras que nuestros vecinos, los ticos, estaban en pleno desarrollo turístico, generando un impacto importante en la economía costarricense y aumentando considerablemente los niveles de empleo. En ese entonces, se planteaba que cada dólar que ingresaba al país producto de esta actividad tenía un impacto en nuestra economía de 2.5 veces y era una forma de generar ingresos al país, como si fuera un producto exportado.

No fue hasta diciembre de 1995 que el Ejecutivo aprueba la reglamentación de la ley aprobada en 1994. A partir del año 1996 se inicia el proceso de promover la inversión en turismo, que para esa fecha era casi nula, tratando de atraer a los empresarios locales e internacionales para aprovechar la enorme cantidad de atractivos turísticos inexplotados y que podían recibir beneficios fiscales producto de la Ley 8, si hacían las inversiones en áreas declaradas zonas de desarrollo turístico, por el Consejo de Gabinete. Es así como se inicia el desarrollo de la región de Bocas, Boquete y el arco seco (entre Punta Chame y Farallón). Las playas del Pacífico, entre las que se encuentra Coronado, fueron unas de las principales áreas de desarrollo y en ese entonces, se logró convencer a la cadena de Hoteles Decameron de invertir para un hotel de 900 habitaciones, que incluía una cancha de golf (cosa que nunca habían hecho) y el resultado hoy es ampliamente conocido. A partir de esto, inversionistas panameños y extranjeros vieron la oportunidad de aprovechar los incentivos de la Ley 8 y, por eso, es que ahora contamos con más de 18 mil habitaciones. El año pasado más de 2 millones de turistas nos visitaron y obtuvimos un ingreso de casi 2 mil millones de dólares, lo que tiene un impacto de casi 5 mil millones de dólares por su extensión a todos los sectores de la economía. Hoy somos la envidia de los ticos.

La Ley 8 modificada en los años 2005 y 2010, por reformas fiscales, establece que las personas que inviertan en una zona de desarrollo turístico y que hagan una inversión mínima que la zona señale, gozarán de una serie de incentivos fiscales de exoneración de impuestos de inmuebles, de importación y sobre la renta derivado de la actividad de la empresa y otros más.

Para poder gozar de estos beneficios, la junta directiva del Ipat, hoy ATP (Autoridad de Turismo de Panamá), autoriza la inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Turismo, luego de ser sometida a un informe técnico y que ésta se comprometa a cumplir con una serie de inversiones y contratación de personal. En la resolución del Ipat o ATP se detallan todas las fincas y las actividades que forman parte de las actividades turísticas que son objeto de los beneficios fiscales que define la ley. Además del hospedaje y alojamiento, se listan las canchas de golf, de tenis, baños sauna, gimnasios, restaurantes, bares, discotecas y todas aquellas actividades que estén integradas al complejo hotelero, tal cual lo establece la ley.

Pretender obligar a un pago de impuestos al que no se está obligado por ley; no reconocer derechos aprobados por ley e intentar “sacarlo de los bolsillos” a los empresarios que invirtieron, confiados en la protección de una ley, ¿no sería un acto ilegal e inconstitucional? Mantener esta inverosímil acción frenará a muchos inversionistas que, frente a una buena oportunidad de negocios, buscarán otro lugar donde invertir, sin los riesgos de la estabilidad política e inseguridad jurídica del país.

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