MANO DE OBRA LOCAL

El impacto de las transnacionales: Alexander Crocamo

Una transnacional es aquella empresa de grandes dimensiones que se dedica a la producción de bienes o servicios y cuenta con filiales en varios países. De esa manera logra expandir su influencia económica en todo el mundo, y controla no solo buena parte de la economía y el comercio internacional, sino la tecnología y el desarrollo. De esta forma, cobra enorme importancia en el mundo globalizado y capitalista.

Es innegable que la inversión directa extranjera se ha convertido en un factor determinante para el crecimiento económico de un Estado; sin embargo, este tiene la obligación de regular dichas relaciones para evitar que se tornen controversiales y conlleven perjuicios para la mano de obra de sus nacionales o, en el peor de los casos, que la búsqueda acelerada de inversiones foráneas desvirtúen los controles estatales, lo que haría que estas inversiones se realicen con acciones de poca o ninguna transparencia.

En lo relacionado a nuestro país, es bueno resaltar que si bien las entidades económicas internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que los inversionistas extranjeros, ven a Panamá como un sitio ideal para sus actividades, con el establecimiento de oficinas regionales o casas matrices, el Estado tiene la obligación de garantizar que esa apertura del mercado no se convierta en una política que propicie el desplazamiento de la mano de obra nacional.

Sin mayores esfuerzos y aplicando, de forma estricta y sin excepciones, el ordenamiento regulatorio para las empresas y la mano de obra extranjera, como la Ley 41 de 2007, que crea el régimen especial para el establecimiento y la operación de sedes de empresas multinacionales, y el Código de Trabajo, el Estado puede asegurar el desarrollo económico y garantizar el no desplazamiento de la mano de obra nacional.

La ley establece que la participación de extranjeros no debe sobrepasar el 10% del total de la mano de obra que emplea cada compañía. De forma que su aplicación evita incurrir en políticas de Estado erradas, como las que se aplicaron en el 2011 y permitieron que las multinacionales le dieran empleo a 860 panameños, es decir, a un 40%, contra mil 271 extranjeros, o sea, el 60%. Algo a todas luces ilegal.

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