PANORAMA NACIONAL

Entre leyes impopulares y paros: Victoriano Rodríguez Santos

Ya se cumplieron dos semanas del paro de labores que mantienen los gremios de profesionales y técnicos de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud. Además de la no prestación de labores, los involucrados y parte de la población no agremiada, mantiene protestas, desde hace meses y años, en rechazo a las medidas impopulares que ejerce el gobierno de Ricardo Martinelli.

Desde que se consumó la adquisición de “tránsfugas”, la Asamblea Nacional quedó marcada como la peor de la historia republicana. Esto le permite, al “omnipotente ejecutivo” implementar, a través de los diputados, leyes que tienden a profundizar la brecha entre ricos y pobres, limitando a la clase media, empujándola hacia los estratos más bajos.

Parece que no bastara con los muertos que dejaron en Bocas del Toro y Chiriquí o en Colón, continúan con la aprobación de leyes impopulares, que a todas luces disminuirán el poder adquisitivo (de compra) de la población y aumentarán la deuda pública y per cápita.

Con la sanción de la Ley 69, que autoriza: “...contratar profesionales y técnicos de salud extranjeros...”, el Gobierno pretende asestar otro golpe, no solamente a los gremios de salud, importando profesionales, posiblemente con menos experticia que los nacionales y con pagas más bajas, para así disminuir o, por lo menos, no incrementar el salario a los panameños, también lo hace a la población expresando que nombrarán a “especialistas”, cuando las organizaciones gremiales de salud informan que la prioridad es la falta de insumos y equipo.

Los funcionarios sostienen que solo hay que reglamentar la Ley 69, pero los médicos aseguran que legalmente no es dable hacerlo con tópicos diferentes a los que su letra contiene.

Es conocido que la reglamentación surge y se perfecciona en el Ejecutivo, lo que debilita el espíritu e interés de las organizaciones, porque de un plumazo, se puede volver a emitir otro acto administrativo para una nueva reglamentación que sea del interés de ese órgano.

No hay la mínima credibilidad en las autoridades y cualquier arreglo que no sea la derogación de la Ley 69, pudiera quedar igual que la coordinación con los colonenses, ¡en nada!

Pareciera que el Ejecutivo, por la forma en que se expresó el presidente Ricardo Martinelli en su discurso, pretende suspender la huelga ofreciendo dinero (salarios, viáticos o cualquier forma de ingresos), lo cual es un error cuando se negocia con personas de alto nivel moral, no con peseteros.

La gente está clara y aun cuando los funcionarios gubernamentales insisten en aupar a los pacientes para que asistan a sus citas médicas, la población reconoce la existencia del paro.

Los funcionarios del Gobierno reiteran que es una huelga médica, pero la Ley 69 enuncia claramente: “...profesionales y técnicos de salud...”, por lo que arropa a doctores, farmacéuticos, laboratoristas, enfermeras, radiólogos, odontólogos, tecnólogos, anestesiólogos, etc.

Dicen nuestros ancestros que “cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo”, por eso, los profesionales de otras ciencias, tales como abogados, contadores, economistas, educadores, etc., duerman con un ojo abierto y el otro también.

Y si no les gusta, entonces “a llorar al cementerio”, como lo expresó hace algún tiempo el presidente de la Asamblea de diputados Chello Gálvez.

El presidente Martinelli debe demostrar, con hechos fehacientes, buena voluntad política y resolver el conflicto mediante la derogación de la ley.

En la actualidad, los gobiernos europeos aplican medidas migratorias que permitan el progreso de sus países, a través de la llegada de expertos o profesionales extranjeros, pero sin desproteger a los nacionales. Dios te salve, Panamá.

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