VENTA DE PROPIEDADES

Un cobro de impuestos inconstitucional: Andrés Ortiz Moreira

De acuerdo con mi análisis relacionado con el cobro de impuestos e intereses que se le aplica a quienes vendieron propiedades entre el 3 de febrero de 2005 y el 29 de agosto del mismo año y, después de consultar con algunos abogados, concluyo que esto es ilegal e inconstitucional y paso a explicar por qué:

La ley No. 6 del 2 de febrero de 2005 que implementa un Programa de Equidad Fiscal y que fue publicada en la Gaceta Oficial No. 25232 del 3 de febrero de 2005, en su artículo 82 indica: “Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de 120 días a partir de su promulgación”.

Si nos basamos en lo que indica nuestra Constitución, podemos determinar que las acciones de cobro de la DGI a las ganancias por ventas de propiedades en el periodo comprendido entre febrero 3 de 2005 y agosto 28 de 2005, son inconstitucionales, porque el artículo 179 de nuestra Constitución indica lo siguiente: “Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo: Numeral 1: Sancionar y promulgar las Leyes, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento”. Esto significa que el Presidente tenía que reglamentar la Ley 6 y la DGI estaba obligada a esperar su reglamentación para aplicarla; “numeral 14: Reglamentar las leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu”. Esta ley requería su reglamentación y fue reglamentada en la Gaceta Oficial 25373 de agosto 29 de 2005, por lo que no debe aplicarse de forma extemporánea. Si nos acogemos a nuestra Constitución, el cobro de impuestos por ganancia en la venta de propiedades antes de la reglamentación de la Ley 6, es inconstitucional. Además, consideramos como extralimitación de funciones y abuso de autoridad que la DGI también quiera cobrar intereses de 1% mensual a estos inconstitucionales impuestos, ya que la Ley 6 no indica que se puedan cobrar intereses por mora. Uno de los abogados consultados me informó que en Panamá se acostumbra a aplicar muchas leyes sin haber sido reglamentadas y que esto se presumía como legal.

De esta opinión y con todo el respeto que se merece este abogado, me permito deducir que el panameño está acostumbrado a no pagar y si seguimos el ejemplo de la DGI de que la costumbre se hace ley, el no pagar, por tratarse de una costumbre Omni Orbe, podría ser considerada legal y hasta constitucional.

Espero que el Presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas y sus asesores, depongan sus ansias de captar dineros de cualquier forma, aunque sea ilegal, y que evalúen este análisis a fin de que el Gobierno dé el ejemplo y respete nuestra Constitución al pie de la letra y ordene a la DGI suspender inmediatamente estos cobros.

¿Hasta cuándo estos abusos?

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