JUSTICIA

No a la impunidad: Álvaro Lasso Lokee

En nuestro país, muchos gobiernos han suscitado escándalos de todo tipo y calibre –corrupción institucional– que se publican en los medios de comunicación y ocupan grandes espacios y titulares de importancia. Lo peor de esto es que aunque la prensa cumple con su papel de fiscalizador en la sociedad, de ahí no pasa, pues el otro eslabón en la cadena, la justicia, nunca llama a juicio ni encuentra a los culpables.

La corrupción gubernamental es un flagelo que parece ser contagioso y que tiene raíces profundas en esta sociedad, porque las leyes no son de carácter integral. Escándalos de este tipo surgen en todo el mundo, con la diferencia de que otros países cuentan con mecanismos de transparencia que frenan estos exabruptos y con leyes que no se prestan para encubrimientos.

En Panamá, en cambio, la legislación en la materia tiene muchos vacíos que se aprovechan para delinquir. No es una casualidad la falta de juicios y detenidos por los grandes escándalos que todos conocemos, salvo algunas excepciones de alto perfil que no pasan de cinco, como máximo. Las autoridades encargadas de ejercer controles enfocan sus intereses en muchas cosas, menos en la prevención de los delitos. Incluso, investigarlos se vuelve difícil, por no decir que casi imposible, ya que quienes por mandato constitucional deben hacerlo no intervienen, y esto genera presiones de los otros órganos del Estado.

Los diputados se crearon un blindaje que impide toda posibilidad de que se les investigue, si en un plazo de dos meses no se presentan pruebas en su contra. Esto, sumado a la lentitud del sistema de justicia, hace improbable que alguno sea hallado culpable en caso de eventuales denuncias. Además, la opción de presentar o no sus estados de cuentas impide la transparencia y facilita tapar cualquier anomalía. No contentos con esto, redujeron las penas de los delitos de corrupción.

Hace poco el expresidente de un país cercano se entregó a las autoridades, luego de pasar un tiempo huyendo de la justicia que lo requería por haberse adueñado de fondos donados por el gobierno de otro país.

En Panamá esa misma conducta no suscitó ninguna reacción ni siquiera se ordenó una investigación para determinar qué uso se dio a esas donaciones. Muchos de los que delinquen durante el Gobierno corren al Parlacen en busca de inmunidad para que no se les investigue.

No conozco las leyes de otros países, pero es positivo saber que algunos presidentes y altos funcionarios de Costa Rica, Nicaragua y Perú han sido juzgados y encarcelados. En cambio aquí, tanto el que entra limpio y sale millonario como el que entra millonario y sale billonario no le rinde cuentas a nadie, o más bien todo ese dinero se queda en sus “cuentas” bancarias y sale inmune e impune, ya sea por “acuerdos” o por las fallas del sistema judicial que parece diseñado para premiar la corrupción. Los costos que esto genera, según los expertos, superan los miles de millones de dólares que se quedan en la nada. Este faltante perjudica el desarrollo de la salud y la educación, entre otros renglones del Estado. Basta ver la calificación de Transparencia Internacional cada año.

El grupo que se formó con el objetivo de acabar con la impunidad representa el síntoma de cansancio ante los abusos de la corrupción que durante décadas ha existido en este país, sin que los gobiernos hagan mucho para combatirla. A pesar de que siempre prometen que lo harán, una vez suben al poder no hacen nada al respecto.

Controlar estos abusos puede ser una tarea difícil, pero no imposible. Lo que se necesita es que las autoridades que administran la justicia tengan la voluntad de hacerlo, mediante leyes más claras y controles adecuados en los ministerios, en la Asamblea Nacional, con los representantes de corregimiento y los miembros de la sociedad.

El gobierno anterior construyó obras costosas, trasladó dinero a los municipios, facturó servicios de internet por un millón de dólares, contrató a empresas recién salidas de un cascarón por altas sumas de dinero y de forma directa, e incurrió en muchas otras irregularidades y escándalos de corrupción. Los ciudadanos queremos conocer si los involucrados en estos casos serán investigados y condenados, o si serán absueltos, como en años anteriores. También es importante saber, si el Gobierno y las instituciones y funcionarios a cargo de hacer justicia dejarán todo igual o harán algo para reducir la impunidad.

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