JUSTICIA

La llave de la impunidad: Víctor Manuel Caicedo Atencio

Si antes de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal existía en la sociedad la percepción de que el Ministerio Público (MP) tenía mucho poder, este artículo le da mucho más; en lugar de mejorar, con esta norma empeoramos, como veremos. El artículo 5 del nuevo Código de Procedimiento Penal dice que “las funciones de investigación están separadas de la función jurisdiccional. Corresponderá exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación. El juez no puede realizar actos que impliquen investigación o el ejercicio de la acción penal ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales, sin perjuicio de los casos especiales previstos en este código. Sin formulación de cargos no habrá juicio ni habrá pena sin acusación probada”. Sustentado en este artículo, algunos operadores de justicia sostienen que al juez se le tiene vedado ordenar ni a petición del querellante la ampliación del sumario, cuando éste, en representación de la víctima así lo solicite, por considerar que la investigación se encuentra incompleta.

Esto le da más poder al MP, ya que sólo tiene que remitir el expediente sin formular cargos, a pesar de que haya suficientes pruebas, que lleguen a una conclusión contraria, para que el juez no tenga otra opción que archivarlo, el juez pasa a ser un convidado de piedra.

Antes de la vigencia de esta norma, el MP encontraba en el juez o en el querellante un obstáculo que de alguna forma le impedía hacer una cosa distinta a lo correcto, ya que el juez podía ordenar la ampliación del expediente cuando consideraba incompleta la investigación o cuando el querellante así lo solicitaba.

Si bien la norma le impide al juez realizar actos de investigación, ese impedimento no es extensivo al querellante, quien en representación de la víctima podría solicitar la ampliación del expediente en los puntos que considere incompletos y el juez podría resolver acceder a dicha solicitud, ya que estaríamos frente a una petición promovida por una de las partes y no a un acto oficioso del juez.

De esta manera se crearía una especie de contrapeso en aquellos casos en los que a pesar de haber pruebas suficientes para recomendar la apertura de causa criminal, el MP envíe el expediente sin formular cargos contra los implicados, impidiéndole al juez hacer audiencia, en cuyo caso este artículo se transformaría en la llave de la impunidad. No es de extrañar que los procesos se podrían resolver desde los despachos del MP.

Recomendamos que a petición de la querella y en protección de los derechos de las víctimas, este criterio cambie y evitemos más desprestigio de nuestro sistema de justicia.

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