GOBIERNO

¿Cuál es la independencia de los órganos del Estado?: Jorge J. Aparicio Romero

Al acortarse el tiempo para la celebración de las nuevas elecciones en 2014, muchas son las promesas que, de costumbre, suelen hacer los candidatos a cargos políticos, incluyendo a los que aspiran a la Presidencia del país, a saber: disminuir los precios de la canasta básica, mejorar los salarios, mayor seguridad, salud y educación de primer mundo, acabar con la corrupción, más y mejores empleos, calidad de vida, etc.

Estas son algunas de las tantas iniciativas que en cada periodo electoral llevan como estandarte todos los aspirantes a la silla presidencial. De todas estas promesas, hay algunas que pueden tener mayor o menor relevancia, todo dependerá de quién las analice. Desde el punto de vista del Gobierno, las cosas están caminando y se hacen de la mejor manera. Desde el punto de vista de los que hacemos oposición, es más fácil hacer análisis objetivos, porque no participamos de la gestión gubernamental. Sin embargo, de todas las promesas hechas en campaña, una es sumamente preocupante: la independencia que constitucionalmente deben tener los órganos del Estado en una nación libre, soberana y democrática.

En Panamá, durante los 21 años que duró la dictadura militar, liderada por los más prominentes miembros del PRD y sus allegados, era fácil reconocer la subordinación de los órganos del Estado al dictador de turno.

Hoy, después de 24 años de vida democrática, la independencia sigue siendo cuestionada por la opinión pública y la oposición, que en otro tiempo fue gobierno. No puede existir independencia si es el propio Presidente quien escoge a las figuras que estarán encargadas de administrar la justicia, sean magistrados o el propio Procurador de la República, debido a que a pesar de que resulten ser muy profesionales en sus cargos, siempre tendrán presente quién los nombró.

Todos los presidentes elegidos desde 1989 hasta la fecha han propuesto por lo menos a dos magistrados a la Corte Suprema de Justicia más el Procurador de la Nación. Siendo nombrados en esa forma, queramos aceptarlo o no, siempre existirá un conflicto de intereses.

Si a esta situación le añadimos el transfuguismo canibalesco que se registra en esta administración de gobierno en la Asamblea Nacional, ¿de qué independencia estamos hablando?

Lo cierto es que la población de electores de la que emana el verdadero poder, debe exigir que se cambien las reglas del juego en cuanto a la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador de la Nación, cargos estos que deberían ser escogidos por elección popular para que entonces sí exista una verdadera confianza en la administración de justicia.

No he visto por parte de ninguno de los candidatos interés en desarrollar este tipo de iniciativa, aunque esto precise de una reforma constitucional, creo que entonces y solo entonces, tal vez la población volverá a retomar la credibilidad que ya hace muchos años ha perdido.

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