DERECHOS CIUDADANOS

Lo legal y lo inmoral de la titulación: Héctor Huertas González

Los medios de comunicación informaron a la ciudadanía hace un mes que dos ministros de Estado titularon más de 400 hectáreas de tierras nacionales, lo que es sospechoso dado el vía crucis que tienen que atravesar cientos de humildes panameños, para tener un título de propiedad. Los gobiernos de turno han hecho que el acceso a la tierra sea casi imposible, utilizando la inseguridad jurídica nuestra como un beneficio económico para las empresas y transnacionales, por ende, no es casual que el señor presidente y el director de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), salgan como resortes a defender lo correcto de los títulos, señalando que es legal que dos ministros de Estado ostenten propiedades por encima de cientos de panameños.

Este acto de inmoralidad supone un insulto a las más de cinco mil familias indígenas que por más de cien años claman por la titulación de sus tierras colectivas. Más grave aún es el caso de las comunidades de Piriati e Ipeti Emberá, en Chepo, que fueron desplazadas de sus tierras ancestrales, sin indemnización, hace más de 30 años, para permitir la construcción de la hidroeléctrica de Bayano. Estas familias fueron reubicadas en tierras nacionales, sin títulos y de menor valor, sin embargo, hoy están a punto de perder esas tierras, porque la Anati está en proceso de titularlas a favor de un particular.

Desde diciembre de 2008, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 72, sobre títulos colectivos, y en los tres años transcurridos (dos de este gobierno) no se ha otorgado ningún título a comunidad alguna; en cambio, observamos que la Anati se asegura de que los ministros de Estado entren “limpios” y salgan terratenientes.

Da vergüenza ver cómo el mandatario justifica, en lo “legal”, un solapado uso de influencias por parte de sus ministros, para hacerse con títulos de tierras nacionales, y no decir nada frente a la implementación de la ley de titulaciones colectivas.

La demanda indígena para la titulación y protección de sus tierras también es legal y está amparada en la Constitución y la ley, por eso el Ejecutivo, así como justifica a sus ministros, debe preocuparse y procurar que los indígenas tengan sus títulos de propiedad, en vez de discriminarnos y perseguirnos. En vista de esto, hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de protección, para no ser lanzados y no perder nuestras tierras.

Hay indígenas detenidos en las cárceles solo por defender lo que en derecho les corresponde. Pareciera que reconocer el derecho de los indígenas a sus tierras es atentar contra la economía y el desarrollo del país; pareciera que es más fácil y económico crear comisiones, que no hacen nada, o echarnos a los militares para que nos maten, reprendan y encarcelen. A pesar de todo, jamás cederemos un ápice de nuestras tierras ancestrales.

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