VÍCTIMAS

La sustracción internacional de menores: Víctor Leonel Benavides Pinilla

Nuestro texto constitucional, en su título III, sobre Derechos y Deberes Individuales y Sociales, capítulo 2 sobre la familia, dispone en sus artículos 56, 59, 60 y 63, numeral 3, la protección del menor por parte del Estado, que a su vez, debe garantizarle derechos básicos como la seguridad y previsión social, tal como es el caso de las restituciones internacionales de menores afectados por la sustracción de alguno de sus padres.

La sustracción internacional de menores es un tema de actualidad, debido a los innumerables casos que se presentan. Tal situación trae aparejada la debida restitución de los menores afectados. Es por ello, que en diversas estipulaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño –adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989– se garantizan sus relaciones familiares (Art. 8) que comprenden: el derecho a no ser separados de sus padres y a mantener relaciones personales y contacto directo en forma regular con ambos padres (Art. 9); la reunificación familiar (Art. 10); las relaciones personales y el contacto directo cuando uno de los padres resida en un Estado distinto al del domicilio del niño (Art. 10), y la corresponsabilidad parental en su crianza y desarrollo (Art. 18).

En efecto, la opinión generalizada frente a este problema, es que la verdadera víctima de una sustracción de menores, es el propio menor quien sufre por perder de repente su equilibrio, por el trauma de ser separado del progenitor que siempre ha visto a su lado. Esto le causa incertidumbres y frustraciones que resultan del proceso de adaptarse a un idioma extranjero, a condiciones culturales que no le son familiares, a nuevos profesores y a una familia desconocida.

Solo la restitución en esos plazos realiza los fines de las convenciones, por lo que las sentencias judiciales dilatorias, que atentan contra el correcto funcionamiento de las convenciones de restitución, son a nuestro entender donde radica la demora en los procedimientos judiciales, dado que el niño ya se adaptó al medio al que fue trasladado, probablemente tiene completamente desdibujada la imagen del progenitor con el que no tiene contacto hace meses, y entonces nos encontramos conque la ejecución de la sentencia producirá al niño un mal mayor del que se le pretendía proteger. Así, considero que la pronta restitución de un niño sustraído, configura el interés superior del menor, salvo que se verifique en el caso concreto alguna de las situaciones contempladas como excepciones (Art. 13 Convenio de La Haya y 11 de la Convención Interamericana) a la obligación general asumida por los Estados de garantizar el retorno inmediato de los menores trasladados o retenidos de forma ilícita, que han de ser apreciadas en forma restrictiva. La experiencia muestra que las rápidas, inmediatas y expeditas restituciones en aplicación del Convenio de La Haya, son el medio más seguro para proteger el interés de los menores. Un procedimiento expedito, podrá minimizar las perturbaciones o desorientaciones en el menor sustraído de su entorno familiar; minimiza los perjuicios al menor por el hecho de su separación del otro padre; reduce la perturbación para el menor que pueda resultar cuando se ordena su retorno después de un período largo en el extranjero, y evita que quien lo sustraiga obtenga una ventaja, por el hecho del paso del tiempo.

Por la aplicación de las excepciones previstas en el Art. 13, algunos juristas sostienen que en Panamá, al demorar mucho los procesos por las prácticas dilatorias de las partes, al final las autoridades proceden en muchos casos a negar la restitución en consideración al criterio de que el menor está arraigado al territorio panameño, sin tomar en consideración en muchos casos que la parte favorecida con el fallo, actuó de forma ilegal y por vía de hecho, al trasladar ilegalmente al menor o reteniéndole ilegalmente en nuestro país, y al final es favorecido con un fallo, desvirtuándose así los objetivos primordiales del convenio.

Es por ello, que el convenio no trata de analizar la custodia de los menores, sino que aspira a que los Estados utilicen los procedimientos más rápidos que existan en su propio ordenamiento jurídico. Esto, en función al principio de inmediatez en la acción restitutoria del menor de edad. En otras latitudes, los procedimientos de restitución no duran más de cuatro semanas.

Considero que Panamá –en cumplimiento lo señalado en el Art. 4 del texto constitucional sobre el acatamiento de los convenios internacionales– debe cumplir con lo normado en la Convención Internacional sobre la Sustracción Internacional de Menores, que es ley en Panamá. (Ley 22 del 10 de diciembre de 1993), así como la Convención de los Derechos del Niño (Ley 15 del 6 de noviembre de 1990). Además, la República de Panamá, firmó acuerdos bilaterales con otros países, adhiriéndose a la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, firmada el 1 de mayo de 1994.

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