ENCUBRIMIENTO

Los intocables: Amarilis A. Montero G.

Los últimos días de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional han resultado toda una sucesión de “iniciativas” legales que solo buscan la protección de posibles involucrados en casos de peculado o enriquecimiento injustificado. Ya vemos los primeros pasos para proteger a aquellos que hayan cometido algún peculado.

Se trata de pasar una nueva ley que modifica el Código Procesal Penal para reducir la caducidad del delito de 20 y 30 años, a solo 10 y 15 años. La ley de los intocables toma fuerza y levanta el rechazo ciudadano a medida que conocemos más detalles de las modificaciones al proyecto de ley 523 que contiene los cambios mencionados. Tal parece que los diputados oficialistas adoptaron el dicho “hay que curarse en salud”, para así asegurar que sus cuentas bancarias, bienes y libertad permanecerán intactos. Esto, por supuesto, se extendería a aquellos allegados al Gobierno y la cúpula en el poder.

¿Estamos ante un grupo organizado para recubrirse de impunidad? Sus acciones no me dicen lo contrario. Por ello, debemos estar alertas ante tanta acción delictiva amparada de “legalidad”.

Enfrentemos los hechos. Las denuncias que van desde compras de jamones, apartamentos lujosos, construcción de palacetes y la entrega de dineros del Estado, con el disfraz de “partidas circuitales”, nos presentan las oscuras actuaciones no solo de aquellos diputados que se han involucrado en actividades irregulares, sino de otros que manejan millonarias cuentas sin fiscalización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas ni de la Contraloría. Todo hace ver que las cuestiones monetarias en los ministerios e instituciones son secretos que se protegen a toda costa. Aquí se debe haber comprado el silencio de muchos y el accionar de otros.

Esta telaraña de corrupción tiene al país sumido en escándalos que nadie investiga o que duermen el sueño de los justos en un cajón de escritorio de algún magistrado. Si eventualmente la denuncia criminal llega a tramitarse, nos enteramos de que no se presentaron suficientes pruebas o prescribe sin que se haga la tan anhelada justicia. En esta clase de situaciones, los panameños cuestionamos la validez de los gobiernos que prometen mucho y resultan un total fiasco. Cuestionamos las concesiones y los contratos millonarios a empresas que han despilfarrado dinero y encima introducen adendas a los contratos para seguir lucrando del sudor y dolor del pueblo panameño. Confabular para encubrir delitos denota la esencia de aquellos que llegan al poder con el afán de hacer dinero nada más.

Los diputados que impulsan esta nueva ley para blindar delitos han desatendido la Constitución, los pactos de Estado, los clamores de los juristas y a la ciudadanía en general para dedicarse a cuidar intereses. Se ha perdido el norte de la Asamblea Nacional: buscar el bien común a través de leyes que beneficien al país y sus habitantes. Se está buscando cómo cerrar toda posible fuente de investigación judicial. Esto se ha venido haciendo de hecho, porque también me pregunto, ¿cuántos personajes de anteriores gobiernos han sido llevados a juicio y condenados por peculado? Nuestro sistema de justicia es lento de por sí y muchas veces inoperante. Solo queda decir “Apaga y vámonos” si esta ley se concreta. Este país debe reaccionar de alguna manera porque de seguro vamos a parar al despeñadero político y social por dejar pasar “goles legislativos”. @a_monterog

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