UN JUICIO ALECCIONADOR

La justicia en Centroamérica: Jaime Cheng Peñalba

La aplicación de la justicia en la mayoría de los países centroamericanos se encuentra en entredicho. Me atrevería a aseverar literalmente que ha sido herida de muerte, tanto por los delincuentes que ostentan el poder político como por los maleantes pandilleros comunes.

En Honduras, los asesinatos y asaltos en autobuses, así como los secuestros, son el pan nuestro de cada día. Las cárceles, lejos de ser centros de cumplimiento y resocialización se han convertido en cuarteles de los líderes de diferentes pandillas quienes ordenan desde allí, de forma parecida a El Salvador. Sobreseimiento parece ser la palabra de moda en casi la mayoría de los casos de corrupción, asesinatos y tráfico de estupefacientes, cada vez que un pillo de cuello blanco se ve envuelto.

En Panamá, varios exmandatarios, funcionarios de alta jerarquía, poderosos empresarios han sido acusados de desfalco y malversación de fondos, pero al final sus procesos son desestimados por fallas en el procedimiento o “falta de evidencia”. Los casos de corrupción son tan numerosos que se podría abrir una biblioteca con las decenas de tomos que de ellos se derivan. Mientras el Ejecutivo sea el que nombre a los magistrados, la aplicación de la justicia a los “peces gordos” solo será un mal chiste. Para colmo, ahora algunos lugartenientes del poder siniestro enfilan su artillería contra el Tribunal Electoral, que se supone es una de las poquísimas instituciones que goza de transparencia, precisamente para debilitarla e imponer sus insanos intereses.

Costa Rica es el único país de la región que ha juzgado a dos expresidentes acusados por corrupción y malversación de fondos. Fueron llevados a los tribunales de justicia como delincuentes comunes, procesados y sentenciados. En ambos casos se les inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta por 12 años. ¿Por qué resulta más eficaz la justicia en Costa Rica que la del resto de los países de Centroamérica? Es posible que sus ciudadanos se sientan parte de la democracia política y judicial que ayudaron a construir durante décadas y están dispuestos a defenderla como sea. Los ticos, como se les conoce, son apacibles y amantes de las rancheras y las baladas, pero reaccionan de forma enérgica cada vez que los intereses de su nación se ven amenazados. Recordemos que ese país fue el único de Centroamérica donde no se aplicaron los programas de privatización de las empresas estatales, porque su población se tomó las calles y exigió que los servicios públicos, sobre todo los de teléfono y luz, se mantuvieran bajo la administración del Estado. La constante pareciera ser que a mayor organización y conciencia civil, mejor aplicación de la justicia. Entre más cultura y educación ciudadana, mejor debe ser la calidad de sus gobernantes.

El jueves 18 de abril se anuló temporalmente, en Guatemala, el juicio que se le seguía a Efraín Ríos Montt por genocidio, y dos semanas después, por presiones de la sociedad civil guatemalteca e internacional, se volvió a tomar. Los medios internacionales siguieron de cerca los testimonios de más de un millar de afectados por las muertes de sus familiares, la mayoría pertenecientes a etnias indígenas. Los relatos de estas personas, con voces temblorosas y a punto de reventar en llanto, parecían pesadillas sacadas de un cuento de terror. Niños y niñas violados y asesinados de forma sádica por el Ejército. Mujeres y hombres mutilados y quemados vivos. Poblaciones enteras arrasadas. Las muertes se contaban por decenas de miles en las tumbas clandestinas.

Ríos Montt, gobernante de Guatemala en la década de 1980, era la mezcla más letal que puede haber en un dictador. De formación militar, se creía con el derecho divino de mandar y de asesinar a todo aquel que suponía poseído por el mal. Quizá la cantidad de verdades que fueron saliendo en este juicio, y que no solo afectaban a Ríos Montt sino a todo el statu quo que representaba, obligaron a sus aliados y colaboradores a maniobrar para tratar de anularlo.

La justicia afronta un gran reto con este juicio de repercusión mundial. Si después de la Segunda Guerra se crearon tribunales de justicia para juzgar y condenar a los nazis por sus horrendos crímenes, ¿por qué en Guatemala no se hace igual si este dictador llega a salir airoso? La vida de los seres humanos vale igual en todos los confines del planeta, seamos negros, mulatos, indígenas, asiáticos o europeos. Ríos Montt debe ser juzgado y condenado por la enorme cantidad de evidencia en su contra. Este monstruo y su horda de psicópatas no deben quedar absueltos. Y no solo él debe ir al banquillo de los acusados, sino todos aquellos gobernantes y altos funcionarios que han robado millones de las arcas estatales en los países centroamericanos, porque se trata del dinero de todos. Quizá los ticos puedan decirnos cómo hacerlo.

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