NECESIDADES

La justicia penal ante sus nuevos retos: Raúl E. Olmos E.

El proceso penal acusatorio, como un espacio pacífico para la discusión de un hecho delictivo, presenta connotaciones que en principio generan la sensación de impunidad o actúan como válvula de escape para los delincuentes.

Tales afirmaciones resultan desacertadas, pues el proceso penal es el último eslabón en la cadena de actos encaminados a enfrentar el delito.

Para prevenir la delincuencia o la criminalidad se requieren planes coherentes, firmes y sostenibles en el tiempo, todo ello a partir de una política criminal a tono con nuestra cultura y sociedad.

De momento, en las provincias en que se implementó el nuevo modelo de juzgamiento criminal se observan resultados dignos de resaltar y con buenos indicadores, gracias al esfuerzo del personal humano capacitado para este fin.

A pesar de las carencias que padece por el egoísmo institucional, la justicia penal acusatoria demuestra, a gritos, que la cantidad de presos sin condena disminuyó, gracias a las sentencias condenatorias dictadas tan solo horas después de haberse consumado el hecho, y por la oportunidad que se le brinda a la persona detenida para que tenga contacto con su juez en menos de 24 horas.

En fin, una serie de ejemplos denotan la efectividad de la Ley No. 63 de agosto de 2008, respecto al diseño del libro tercero del Código Judicial, que dibuja el sistema inquisitivo, basado en la escrituralidad. Ejemplo de ello, inclusive, se visualiza en hechos graves como el homicidio del gobernador de la provincia Coclé, cuyo caso culminó en menos de dos años. Situación impensable si se hubiera surtido bajo el esquema inquisitivo.

El proceso penal, en apego al esquema que dibuja la Ley 63, ofrece la oportunidad de dotar a los ciudadanos de este país de una justicia expedita, efectiva y justa.

El resultado positivo de ello depende de la inyección económica que deben recibir las instancias judiciales, ahí radica la importancia de que el gobierno actual, comprometido con la Constitución y el respeto de los derechos humanos, abandone la práctica de colocar en situación de carencia al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, igual que a los jueces y fiscales que en la actualidad están cargando el sistema con hidalguía y esmero.

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