GOBIERNO

Un legado tenebroso: Andrés L. Guillén

Los autodenominados “hombres de acción”, muchas veces por la premura de sus actos y la urgencia de sus decisiones, prefieren olvidar las graves consecuencias de esas mismas acciones, o peor aun, de la permanencia inevitable de sus omisiones.

Cuando estas acciones u omisiones las toma el mandatario de un país, guiado solo por los resultados inmediatos que puedan tener, esto suele traducirse en un abuso estatal que deja como secuela a un sinnúmero de víctimas a largo plazo.

Abundan los ejemplos de estos “hombres de acción” en la larga lista de gobernantes autócratas que han ejercido su autoridad sobre los pueblos latinoamericanos, incluyendo el nuestro, que en la mayoría de los casos no arroja un balance positivo de su actuar.

Lo cierto es que existe un punto en toda administración pública cuando se llega al preciso momento de hacer esta evaluación, como ocurre hoy en Panamá, a pocos meses de terminar la gestión del presente gobierno, y cabe preguntar: ¿Cuál será su legado?

No se trata tanto de hacer un retrato de este presidente, sino de la herencia que significará la obra de sus 14 ministerios, sus 40 entidades descentralizadas, sus 18 secretarías y programas y sus cuatro estamentos de seguridad, en cinco años de gestión neopopulista.

Tampoco es necesario elaborar hoy un inventario de logros materiales ni un listado de estadísticas, pues de eso se encargan los voceros oficiales y la propaganda estatal, pero sin tocar el fondo del asunto que es el costo a largo plazo de esas medidas y su rentabilidad social y económica.

En efecto, más nos dicen las omisiones que las acciones en esta evaluación porque al ser invisibles se notan mucho menos que las obras que se pregonan, a diestro y siniestro, todos los días.

¿De qué omisiones es responsable este presidente?

Al suspender la descentralización de la administración pública nos lega una dictadura civil que concentra el poder en el Ejecutivo; al archivar la carrera judicial y la implementación del sistema acusatorio en todo el país garantiza un retroceso significativo en la administración de la justicia, haciéndola menos transparente, eficaz e independiente; al debilitar y controlar la gestión fiscalizadora de la Contraloría General fomenta la corrupción institucionalizada; al hacer uso indiscriminado de la modalidad de proyectos “llave en mano” y de la exclusión de deuda contraída por entidades públicas, como el aeropuerto de Tocumen, engaña a los ciudadanos y esconde el verdadero peso de la deuda pública; y al controlar el uso y asignación de recursos, aparte de permitir un derroche de fondos, crea un ambiente de clientelismo estatal con consecuencias tan variadas y nefastas como el crecimiento indiscriminado de la burocracia, la compra y venta de diputados y magistrados, el retroceso en cultura y civismo ciudadano, la desprotección del sector agropecuario, la intimidación de opositores, y muchas más que las limitaciones de este artículo me permiten abordar.

Todas estas acciones y omisiones crean un entorno de engaño e hipocresía propicio a la pérdida de valores y principios que conllevan, cuando menos, a un alza en la violencia y la criminalidad.

Solo resta señalar que el tenebroso legado aquí descrito apunta a una crisis existencial para nuestra democracia y a la urgente necesidad de su renovación.

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