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DERECHOS SOCIALES

La libertad total no existe: Jorge E. Madrid M.

El grito de libertad lanzado en la Cumbre de las Américas por la esposa de un privado de libertad en Venezuela, lo escuchamos a diario en los medios de comunicación, igual que de boca de personas que exigen ese derecho, reprimido muchas veces por fuerzas políticas, académicas, laborales, sociales, económicas, étnicas y religiosas, entre otras, tanto en Panamá como en el resto del mundo.

Grito que al final de cuentas está limitado o condicionado por un poder que decide hasta qué punto se puede ejercer, porque la libertad total no existe. A lo largo de la historia, las personas han luchado por liberarse de toda opresión, discriminación, condición o limitación que les impida hacer lo que deseen. Esto ocurre tanto en los sistemas micro, como la familia, hasta los macro, como las relaciones políticas entre países.

¿Cuando se habla de falta de libertad, es tácito que algo o alguien la impide? ¿Ese alguien o algo tiene el suficiente poder para limitarle ese derecho a una persona? La primera respuesta es sí, pero condicionado a la relación de dependencia y poder que se dé entre ambas partes.

En geopolítica, las cinco potencias mundiales que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas limitan la libertad del resto de los países con su “veto” a cualquier decisión con la que cualquiera de ellos no esté de acuerdo o no le convenga dar su aval. El tema del control y uso de las armas atómicas es un ejemplo vigente.

En lo religioso, los sacerdotes católicos que simpatizan con la teología de la liberación representan la reforma o cambio del esquema religioso medieval por uno moderno estructuralmente, y no solo de forma. Es el caso de los sacerdotes que han sido reprimidos por los papas cuando apoyan o simpatizan con gobiernos no capitalistas o con movimientos sociales progresistas.

En lo familiar, se creó la figura de la patria potestad sobre los hijos con el propósito de controlarlos para “protegerlos” de los peligros a los que la sociedad los expone. Generalmente, la aplica el padre, cuyo poder se extiende hasta la mujer o pareja, catalogándolos como “mi familia”. Pasan a ser parte de su propiedad, igual que la casa, el auto, el televisor y todo lo material que hay dentro del hogar.

En materia económica, las políticas de desarrollo del Gobierno se imponen aun en contra de la voluntad de sectores opositores a estas medidas, bajo la premisa de que benefician a la mayoría de la población. A esto corresponde la lucha de los indígenas ngäbe buglé contra la hidroeléctrica de Barro Blanco, pues al gobierno del presidente, Juan Carlos Varela, le interesa cumplir con la seguridad jurídica de los empresarios inversionistas, que no admiten negociación, pero sí pactan el interés de los indígenas.

Y qué decir de la libertad de expresión, ¿no está condicionada por los intereses de los dueños de los medios de comunicación? ¿Cuál sería su respuesta?

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