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HACER JUSTICIA

Una reflexión sobre las limitaciones del derecho: Luis Antonio Pereira Sánchez

En sentencia de 15 de febrero del presente año la Corte Suprema de Uruguay declaró inconstitucional los artículos 1 y 2 de la Ley 18831, de 2011, que declara imprescriptible los delitos cometidos durante la dictadura militar. Este tema trae nuevamente a la luz un debate que toca fibras sensibles de nuestra historia continental y del que Panamá no es extraño.

La postura dominante y que es la que cualquier estudiante de primer año de derecho replicará es que, efectivamente, tiene procedencia tal declaración puesto que el principio de legalidad impide que la ley penal se refiere a penas de hechos anteriores a su expedición, salvo a favor del reo, según se deduce de los artículos 21, 31 y 46 de la Constitución.

Sin embargo, esta respuesta demuestra un profundo problema: la transmutación del derecho de un mecanismo de voluntad popular a uno de protección de la impunidad contra, irónicamente, su propia violación. ¿Es posible que el derecho solo pueda aceptar este hecho? Una respuesta afirmativa, nos vendrá a confirmar que el derecho nada tiene que ver con la justicia.

A pesar de ello, creo que es posible defender, como se ha hecho en Argentina, aunque sin acudir a ella, la tesis contraria. Para ello, debe partirse de una premisa esencial: el derecho, como construcción social, es una manifestación temporal y limitada a condiciones de “normalidad” social.

Como se sabe muchas constituciones, incluyendo la de Panamá, en su artículo 55, establece una cláusula de la suspensión de derechos en el supuesto de estado de urgencia, emergencia o de sitio, y así también lo reconoce el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas normas aceptan que hay casos en que rotas las condiciones de “normalidad” social es posible desconocer ciertos derechos para restablecerla. Es decir, hay una válvula de escape a la de otra forma incuestionable vigencia de los derechos fundamentales. E igual que en el propio derecho penal, el uso de esta cláusula debe ser el último recurso de un gobierno.

Dicho esto, consideramos que es posible aplicar semejantes criterios al enjuiciar actos perpetrados en estos episodios históricos de ruptura.

Los crímenes de dictaduras militares en el siglo XX en Latinoamérica fueron cometidos por estructuras gubernamentales que no eran el producto de la forma democrática del estado de derecho, sino de la más vil imposición de la fuerza. Siendo que estos actos irrespetaron en forma absoluta toda distribución de las formas del poder en un estado de derecho, todo acto realizado será nulo, pues no ocurrieron dentro del marco de “normalidad”.

Ahora, es importante recordar el carácter excepcional de esta medida puesto que se puede ver tentado en su uso frecuente, como se vio esbozado en el caso de un político (y abogado) español del Partido Popular (específicamente el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago) que abogaba por una pena retroactiva de cárcel contra los gobernantes causantes del déficit. Aunque el clamor popular parece hacer procedente tal medida, en ese caso, dichos gobernantes fueron producto de un proceso democrático, además, de que tal situación pudo haberse evitado dentro del marco constitucional, con un correcto funcionamiento de las instituciones de control.

En el caso de las dictaduras militares, no había posibilidad de resistencia (mucho menos control) frente a tales regímenes, que exterminaban a cualquier opositor.

Por último, queda decir que la retroactividad de la pena de los crímenes de la dictadura también es un ejemplo de una medida de último recurso. Ya esta pena no puede ni restituir al desaparecido o asesinado, responde a la convicción del estado de derecho de imponer sanciones frente a las más graves violaciones contra los bienes jurídico protegidos, específicamente la libertad y la vida (puesto que ir más allá, sería, una vez más, un uso excesivo de tal recurso). Esta noción no es nueva, sino que viene acuerpada en instrumentos jurídicos como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como fue interpretado en un loable, aunque solitario, fallo de 2004 de la Sala Penal de la Corte o el Estatuto de Roma.

Creo que por esta razón, aun cuando muchas veces se saca el recurso de la legalidad, muy poco es lo que se puede recriminar a los juicios de Nuremberg. El derecho no podía convertirse en un obstáculo para el castigo de uno de los eventos más atroces de la edad contemporánea como el holocausto. No podía ser la legalidad, el escudo de la absoluta tiranía. Y no puede serlo hoy ni más nunca. Y aun cuando estas palabras suenen muy rotundas, no es este un clamor de “justicia aunque el cielo se caiga” como dijera un romano. El casi nonagenario dictador Rafael Videla está preso en Argentina y el cielo no se ha caído. Simplemente se ha hecho justicia.

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