SOBRE LISTAS GRISES Y NEGRAS

¡Hasta cuándo esta lucha!: Roberto I. Guardia R.

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El tema de las presiones permanentes sobre Panamá por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de los 20 países más desarrollados del mundo (G-20), con sus subgrupos del G-7 y el G-8 y otros Estados es de nunca acabar. A pesar de que esto no es una noticia nueva tampoco es buena, pues con frecuencia salta a luz pública. A mí lo que más me preocupa es que en Panamá no cerramos filas en defensa de nuestro sistema financiero ni de la economía de servicios que tanto bienestar nos genera desde hace muchísimas décadas.

Con frecuencia leemos o escuchamos voces que afirman: “Panamá tiene que demostrar que cuenta con personal entrenado para detectar actividades ilícitas”. Esto se puede interpretar como que nuestros ejecutivos bancarios deben tener mentalidad policial y que los potenciales clientes, en principio, se dedican a actividades ilícitas y tienen que demostrar lo contrario. ¿Saben qué? Ya no sé qué más podemos hacer para que dejen en paz a Panamá y lo saquen de esas arbitrarias listas.

Aprovecho esta oportunidad para compartir una anécdota, que estoy seguro de que se repite a diario en los despachos de abogados, sean pequeños como el mío, de mediano tamaño o hasta las más grandes firmas del país. Algunas de estas, incluso, son transnacionales panameñas. La idea es ilustrar cómo operamos los que vivimos de esta práctica. Un cliente acude a mi despacho, tras haber constituido una sociedad panameña, con la intención de abrir una cuenta en un banco local. Cuando lo acompaño al banco –sí, porque debe venir a Panamá para ir en persona al banco, a diferencia de otras jurisdicciones del Caribe donde esto no se requiere– el cliente conoce al gerente y/o a quien será el oficial encargado de su cuenta. Ahí comienza una entrevista en la que se le pregunta, entre otras cosas: ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el propósito de la cuenta? ¿Quiénes son sus proveedores y clientes? ¿Cuánto es el promedio de depósitos mensuales o anuales que espera manejar en la cuenta? ¿Cómo levantó su patrimonio? Estos cuestionamientos son aceptables y el cliente los contesta hasta completar los formularios del banco. Todas sus respuestas deben ser sustentadas. Por lo tanto, el banco le da la lista de documentos que debe aportar para que lo hablado concuerde con la información que se requiere.

¿Cuáles son estos documentos? Una copia de su pasaporte y de otra identificación; referencias bancarias y comerciales; estados financieros de los últimos cinco años de su empresa; copias de sus declaraciones de renta, de los contratos con los proveedores, de los contratos con sus clientes; y recibo de luz, agua o teléfono para verificar su domicilio.

Hasta aquí diría que estamos bien, aunque a muchos clientes les parece que en Panamá, a diferencia de otras jurisdicciones que compiten con nosotros, se piden muchos más documentos. Además de todo esto que se relaciona solo con el manejo de la cuenta que se pretende abrir, recordemos que ahora los bancos también investigan cómo el cliente levantó su patrimonio. Entonces, cuando él explica su historia de vida y las compañías en que tiene inversiones, el tema se empieza a complicar. Si indica que tiene acciones en una empresa en su país de origen o en otro, el banco panameño le pide la información de sus socios. Ahora le solicita documentos no solo de su persona, sino de otros individuos que no tenían por qué enterarse de que él quiere abrir una cuenta en Panamá.

Al final de una de estas reuniones, un cliente me comentó: “Hace dos meses estuve en Hong Kong para abrir una cuenta y no me pidieron ni la cuarta parte de lo que me han pedido aquí en Panamá”.

Mi respuesta fue: “Si no es porque como abogado entiendo que tenemos la obligación del secreto profesional, te hacía una entrevista y la subía a YouTube”.

Pero falta más. Una vez queda abierta la cuenta de cualquier cliente, por cada transferencia de entrada y salida, él recibe comunicaciones del oficial de banco para que cumpla con las normas de due diligence de la transacción. Es decir, que además de la enorme documentación que entregó al inicio para que el banco cree un perfil del cliente, de forma constante debe demostrar que las transacciones son valederas y sin rasgos de “sospecha” de actividad ilícita. Debido a tantos requisitos, muchos se desmotivan de seguir con sus gestiones en Panamá. Por eso, algunos abogados optan por referir a sus clientes a otras jurisdicciones menos complicadas para la apertura de cuentas bancarias.

A pesar de esto y de la posición arbitraria e injusta de la ODCE, G-20 y la GAFI, hay panameños que piensan que estos organismos tienen razón y que tenemos que hacerles caso cuando está demostrado que sus intereses muy poco tienen que ver con los nuestros. Lo que debemos hacer es unirnos y defender nuestro sistema legal, bancario y tributario. Hay que entender de una vez por todas los siguientes puntos: Panamá, como Estado soberano, tiene derecho a fijar las normas legales que regulen su sistema legal y tributario, según lo que más le convenga; abrir una cuenta bancaria aquí es muy difícil. Miente con descaro quien diga lo contrario. Hay otras jurisdicciones que son competencia directa de Panamá en las que no se pide ni la cuarta parte de lo que pedimos acá y ni la GAFI ni la OCDE dicen nada ni les interesa que ellos sean tan estrictos como aquí. Lo que hay que preguntar es: ¿qué más quieren? La respuesta es acabar con el sistema de servicios panameños, pero por razones obvias no lo dirán. ¡Hasta cuándo esta lucha!

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