PRIVILEGIOS Y ÉTICA

El magistrado: Franklin Castrellón

En su obra Reflexiones sobre el buen juez, el jurista peruano Ricardo Corrales Melgarejo reproduce la narración hecha por el magistrado Domingo García Rada (1912-1994) del ácido diálogo que tuvo con el general Manuel Odría (miembro de la junta militar entre 1948 y 1950, y presidente entre 1950 y 1956), cuando este lo presionó para que fallara contrario a derecho, con la siguiente frase: “Recuerde esto bien, señor doctor, yo no perdono a quienes no me sirven”.

“Señor, yo no tengo dinero y vivo de mi sueldo de la Corte, no voy a dejar a mis hijos sino mi nombre; mi honor es mi único patrimonio y no lo pierdo; si se lo doy a usted, señor, ¿con qué me quedo?”, le respondió García Rada. “No puedo, señor presidente, mi conciencia es lo primero. No tengo nada y espero mi sexto hijo en estos días, pero quiero dejarles mi nombre tan limpio como lo recibí”, puntualizó.

Como Odría insistió en darle hasta el día siguiente para que lo pensara, García Rada le respondió categóricamente: “Es inútil señor presidente; hace días que venimos conversando y pensando en la resolución (del caso)… el decir que lo voy a pensar sería engañarlo, y creo que un vocal de la Corte de Lima no puede engañar al Presidente de la República”.

Para ubicar este diálogo en su contexto histórico, cabe decir que Odría obligó al presidente José L. Bustamante a abandonar el país, en 1948, porque se negó a declarar ilegal al APRA. Y es que García Rada estaba consciente de que había sido designado para servir a la justicia, no al poder político o a los intereses creados. ¿Cuántos jueces o magistrados hemos tenido en Panamá que han rechazado presiones a cambio de mantener su integridad… su buen nombre?

El episodio del ilustre jurista peruano me vino a la mente cuando leía detenidamente el informe (rendición de cuentas) de Harley J. Mitchell de sus 10 años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Designado por el presidente Martín Torrijos y ratificado por la Asamblea, Mitchell ingresó a la CSJ, en 2006, con el único compromiso de cumplir fielmente la Constitución y la ley. Pero no fue sino hasta 2008, cuando fue elegido presidente de la CSJ, cargo que desempeñó hasta enero de 2010, que pudo avanzar parte de su agenda. Esta incluyó acciones para reducir la mora judicial, ampliar el acceso a la justicia de los sectores marginados, automatizar la gestión institucional, y fomentar una cultura de ética, transparencia e integridad en la administración de justicia.

Es en el marco de la ética, transparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento de la Constitución y la ley que deseo destacar el aporte del exmagistrado Mitchell. En materia de transparencia, no solo predicó la rendición de cuentas, sino que la practicó brindando informes periódicos sobre su actuación; este compromiso lo concluyó con un informe completo de su gestión para el periodo 2006-2015, que hizo público a inicios de 2016.

Entre sus aportes cabe mencionar la presentación del proyecto de ley de carrera judicial, que finalmente fue convertido en ley el 27 de agosto de 2015; su impulso al programa de atención a personas con discapacidad mediante la capacitación en lenguaje de señas a personal del Órgano Judicial; la actualización del Manual de buenas prácticas judiciales, adoptado mediante acuerdo en junio de 2009, y el impulso de las auditorías administrativas y judiciales en la CSJ como vía para medir el cumplimiento de los magistrados de su compromiso de administrar justicia de forma “expedita e ininterrumpida”. En esta vena dio el ejemplo al terminar su periodo con un índice de gestión del 91%.

Pero el legado que más me impresionó fue su apego a la norma constitucional (Art. 19) que dice: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacionalidad, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.

En cumplimiento de ese mandato, desde que asumió el cargo en 2006 renunció a los privilegios de uso de placa oficial para sus automóviles, la exoneración para compra de vehículos cada tres años, el uso de placa oficial, los 100 galones mensuales de gasolina, el celular y los 700 minutos mensuales pagados por el Gobierno. Seguramente, con esta posición digna, el magistrado Mitchell le ahorró al Estado cientos de miles de dólares, suficientes para construir varias escuelas.

Destaco el ejemplo dado por Mitchell en momentos en que la CSJ comienza a renovarse, y en la Asamblea Nacional se descubre el uso de placas oficiales para fines delictivos. Aunque la primera acción de los dos nuevos magistrados al apoyar la reelección del cuestionado magistrado José Ayú Prado como presidente de la CSJ causó decepción, sería oportuno que comiencen a dar mejores señales renunciando a sus inconstitucionales prerrogativas. Ese sería el primer paso para eliminar esos costosísimos privilegios en el resto del sector público. Y un saludable indicador de que están honrando su juramento de cumplir la Constitución y la ley.

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