CONVIVENCIA

El manejo de los conflictos sociales: René Quevedo

En 2012, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, titulado La protesta social en América Latina, ubicó a Panamá como el país con la mayor conflictividad por habitante en Latinoamérica. Es el cuarto en número total de protestas anuales, después de Bolivia (11 millones de habitantes, tres veces la población de Panamá), Perú (30.3 millones, ocho veces) y Argentina (41.4 millones, 11 veces).

El reporte señala a Costa Rica como el país menos conflictivo del continente, y a Chile con la mayor tendencia a la radicalización de los conflictos. En otras palabras, en Panamá hay muchas protestas –que no tienden a escalar– por reclamos de agua, vivienda, tierras, medioambiente, condiciones laborales, empleo, transporte, seguridad, etc. El cierre de calles y las protestas son el día a día en esta sociedad, en la que parecen haberse agotado las vías para la solución pacífica de los conflictos y se recurre a las acciones de fuerza.

Evitar la escalada de conflictividad social llevó a países como Perú (segundo de Latinoamérica en número de conflictos) a crear una Oficina Nacional de Diálogo y Gobernabilidad, que se dedica a monitorear y recolectar datos; proponer estrategias de diálogo, mediación y negociación; coordinar con las entidades de Gobierno la atención de esos procesos; promover una cultura de paz; implementar mecanismos de alerta temprana, y desarrollar metodologías para la gestión de las controversias y el reforzamiento de los puntos señalados.

La desigualdad alimenta los conflictos. Panamá, tras 24 años de crecimiento económico sostenido, es uno de los países más desiguales del hemisferio. En los últimos 10 años el tamaño de la economía se duplicó, pero también se duplicaron los homicidios y los robos a mano armada, se triplicaron los delitos, se quintuplicaron los pandilleros y se sextuplicaron los casos de violencia doméstica, al tiempo que la participación de los jóvenes en la expansión del empleo bajó de 31% a 7.5%.

La exclusión laboral de los jóvenes humildes y sus repercusiones sociales es el aspecto más volátil de nuestra “bonanza económica excluyente”. La mitad de los que comienzan la escuela secundaria no la termina, y el 95% de los jóvenes humildes que la completa entra a un mercado laboral que en los últimos cinco años les exige contar con 45 años de edad y 13.3 de escolaridad promedio. Esto condena a muchos a una vida de trabajo informal y temporal, caldo de cultivo de la marginación, exclusión y delincuencia.

Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991, dijo: “Si quieres poner fin a los conflictos, debes estar dispuesto a hacer compromisos”. Al final del día, se trata de una cuestión de prioridades. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuánto “vale”, para nosotros, la convivencia pacífica y la paz social?

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