POLÍTICAS PÚBLICAS

La manipulación del presupuesto

En ese artículo, yo reconocía los logros materiales del gobierno –aunque en muchos casos con sobrecostos–, pero criticaba el retroceso en materia de institucionalidad democrática.

Me preocupaba, y me sigue preocupando, el obsesivo interés del Presidente por controlar todos los órganos del Estado. El defensor gratuito atribuía esos yerros, que se alejan del plan de gobierno que él nos prometió, a asesores que mal aconsejan al Presidente y han logrado alienarlo contra las organizaciones de la sociedad civil. Lo cierto es que el responsable de los aciertos y fallas del actual gobierno no son sus asesores sino el propio Presidente.

Considero que uno de los graves errores de los viejos políticos que ha emulado el mandatario es la manipulación del presupuesto del Estado como arma para doblegar a los adversarios políticos y ganar adherentes. Práctica que desafía el sentido común, pues los políticos que actúan con base en prebendas solo serán leales a ese señuelo; jamás lo serán al liderazgo de ningún político. Algunos de los tránsfugas que han incursionado en Cambio Democrático han estado mudando de toldas a medida que sus partidos pierden elecciones; ello con el único fin de tener acceso al presupuesto estatal.

La irresponsable manipulación del presupuesto del Estado como arma política me induce a sugerir que la comisión de notables encargada de elaborar la propuesta de reformas a la Constitución revise el Capítulo 2 (presupuesto general del Estado), para reducir la discrecionalidad que permite al Ejecutivo asignar partidas con fines politiqueros. Por lo que he leído, es este el vehículo que ha utilizado el gobierno para “captar” a tránsfugas políticos y torcer brazos y columnas vertebrales de diputados inescrupulosos, con tal de lograr el control de la Asamblea Nacional.

Lo que sugiero no es nada nuevo. Preocupado por el manejo efectivo y transparente de las finanzas públicas, el FMI ha hecho profundos estudios y publicado directrices hacia esos objetivos. Entre los más recientes puedo mencionar el Manual de Transparencia Fiscal, publicado en 2007, y Reformas a las Leyes de Presupuesto, publicado en 2010 por los expertos Ian Lienert e Israel Fainboim.

Si bien el FMI reconoce que, “ninguna ley puede reemplazar el compromiso político para implementar cambios sistémicos” hacia el logro de los objetivos señalados, considero que ese mal pudiera ser atacado con una reforma a la Constitución y la eventual aprobación de una ley general de presupuesto en las que se fijen limitaciones a la discrecionalidad que existe en el manejo del presupuesto por el Ejecutivo.

Esa discrecionalidad, y no otra cosa, es lo que ha permitido que bajo el Programa de Ayuda Nacional (PAN, sucesor del FIS, pero no mejor que este) y los “créditos extraordinarios” se asignen partidas a diputados, alcaldes y representantes para lograr su apoyo a iniciativas del Ejecutivo. Escuché decir al general Rubén D. Paredes, persona versada en estos menesteres, que el PAN ha sido dotado de una partida de $200 millones. El papel nada dignificante del PAN se puso de manifiesto en los bochornosos actos protagonizados en la Asamblea Nacional el 1 de julio de 2011, que dieron lugar a la elección de la junta directiva favorecida por el Ejecutivo.

A la discrecionalidad con que el Ejecutivo maneja esos fondos pudiera ponérsele un freno si se modifica el artículo 274 de la Constitución, el cual señala que “cualquier crédito suplementario o extraordinario referente al Presupuesto vigente, será solicitado por el Órgano Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Nacional en la forma que lo señale la Ley”. Bien podría requerirse que sea la “mayoría absoluta” de la Asamblea la que apruebe esos créditos, y añadir un artículo que comprometa al Ejecutivo a dictar una ley orgánica de presupuesto, en la que se incluyan cláusulas para la administración eficiente, transparente y honesta del presupuesto del Estado. Este bien podría ser el inicio del fin de las prácticas corruptas que han caracterizado el manejo de los recursos del Estado aportados por los contribuyentes.

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