DECRETO 990

¿Se militarizarán los centros educativos?: Ileana Gólcher

L a publicación del Decreto Ejecutivo No. 990 en la Gaceta Oficial No. 27391-A de 9 de octubre de 2013, en que se registra la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Institucional dentro de la estructura administrativa del Ministerio de Educación (Meduca), sorprende una vez más a la ciudadanía, particularmente al sector educativo, por tratarse de un asunto sensitivo para su funcionamiento: la seguridad de la comunidad educativa.

Al parecer, la crisis del Instituto Nacional generó una reacción autoritaria, apresurada, inconsulta e incongruente con los postulados de la legislación educativa.

El artículo 1 establece que la nueva entidad administrativa, “tendrá como objetivo velar por la seguridad de todos los centros educativos e instalaciones administrativas a nivel nacional que pertenecen a la institución, a través de la implementación de programas integrales de vigilancia y seguridad, con el propósito de minimizar los riesgos y amenazas, garantizando la integridad de la comunidad educativa, los servidores públicos y los bienes del Estado”.

Dicha disposición es similar a los objetivos establecidos en la ley que rige la Policía Nacional y demás estamentos de seguridad. Resulta, entonces, una medida que requiere de un amplio proceso de consulta con los miembros de la comunidad educativa.

El aspecto más polémico del decreto es que su personal deberá “coordinar de manera constante con los diferentes estamentos de seguridad pública y de Estado como Servicio de Protección institucional (SPI), Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y Policía Nacional”. También plantea acciones para garantizar la protección y seguridad del ministro, viceministros, directores nacionales y demás servidores públicos de la entidad en el ámbito nacional. ¿Significa esta disposición que las máximas autoridades no cuentan con los respectivos agentes de seguridad que les escoltan? ¿Cómo se aplicará esta medida a todos los directores y docentes? ¿Ante las protestas, ingresarán a los centros educativos y usarán los mismos métodos de control policivos?

En repetidas ocasiones, la máxima autoridad del Meduca ha insistido en “tener identificados a los integrantes de las bandas que, asegura, existen en el Instituto Nacional y otras escuelas oficiales. Si esta afirmación es verdadera, ¿qué medidas ha aplicado el ministerio a través de sus Gabinetes Psicopedagógicos y supervisores para hacer frente a tales situaciones y que el calendario escolar pueda cumplirse con eficiencia? Hasta la fecha, no se ha presentado ningún informe escrito avalado por autoridad competente que certifique que las afirmaciones de las autoridades educativas son ciertas.

Por otra parte, y tal como lo indican los propios docentes de la institución en su comunicado al país, desde hace varios años el Instituto Nacional carece de un rector nombrado por concurso, tal como lo establece la Ley Orgánica de Educación.

Existe consenso en la opinión pública de que ningún gobierno, incluso en la época de los militares, impartió órdenes directas a la Policía Nacional para ingresar en forma represiva a las instalaciones del Instituto Nacional, lo que según la ministra de Educación era para “evitar situaciones lamentables”.

La implementación del decreto significa en la práctica una inversión millonaria, si se considera que hay varios miles de centros educativos con personal e instalaciones valiosas que resguardar y, como lo establece el Artículo 4, una de sus funciones más relevantes será la de “organizar un plan de trabajo y turnos de los inspectores estudiantiles y de infraestructura escolar, agentes de seguridad y celadores de la institución, dotándolos de apoyo logístico, herramientas y capacitaciones inherentes a sus cargos”.

El proceso educativo se verá profundamente alterado en su dinámica, al convertirse en centros educativos videovigilados, tal como lo indica otro artículo: “Controlar los sistemas de videovigilancia, sistemas de intrusión (alarmas), centro de monitoreo y equipo de comunicaciones procurando su debido mantenimiento en todas las instalaciones del ministerio a nivel nacional”.

A nuestro juicio, una de las raíces de la crisis del Instituto Nacional es la falta de libertad. Las organizaciones estudiantiles están prohibidas por decreto desde la década de 1990. Ya en otro artículo nos referimos a este tema, ver “El silencio de las ideologías” (La Prensa 27/10/11).

¿Por qué a los jóvenes se les impide organizarse y fortalecer su liderazgo? Estos dirigentes contribuirán a organizar los reclamos estudiantiles y explicar con fundamento: ¿Por qué protestan? ¿Qué reclaman? ¿A qué tipo de país aspiran? ¿Qué calidad de educación les hace falta para convertirse en auténticos ciudadanos y compartir sus aspiraciones, para cumplir sus metas y no tan solo ser un “cúmulo de competencias” para ingresar al mercado laboral?

Es evidente, una vez más, la improvisación administrativa, la falta de consulta ciudadana, la ausencia de un plan estratégico de Educación, la carencia de capacitación en métodos de solución de conflictos y mediación. Mientras decenas de escuelas rancho operen en el país, mientras evadimos la participación en las pruebas PISA de comprensión lectora y se insista en crear “escuelas de excelencia”, sin la supervisión científica, en divulgar estadísticas educativas inexplicables, distribuir libros de texto sin sustancia histórica ni literaria, sin un auténtico cambio transformador integral en los planes y programas de estudio, las medidas del Decreto 990 no serán más que paliativos superficiales para intentar aplacar los reclamos estudiantiles y sociales que genera una administración empeñada en privilegiar otros aspectos, en detrimento de los que realmente definen la calidad de la enseñanza, entre otros, desarrollar la creatividad y la innovación.

Solo redefiniendo la ejecución del presupuesto per cápita más alto en educación de toda América Latina, cuyo primer lugar lo ocupa Panamá, resolveremos el conflicto de forjar nuevas juventudes para hacer frente a las incertidumbres del siglo XXI. Las cámaras para la videovigilancia y los decretos para la coordinación directa con la fuerza pública son un claro intento de militarizar los centros educativos.

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