PUESTOS DE TRABAJO

Hasta que la muerte los separe: Leandro Ferreira Béliz

En materia de administración del recurso humano, muchas han sido las consecuencias de aquel fallo de la Corte Suprema de Justicia que hace algunos años eliminó el requisito de la renuncia previa para acogerse a la pensión por vejez (jubilación).

En esta ocasión abordaré algunos de los efectos de esta decisión en el sector público, en el que prácticamente los funcionarios, sobre todo los que pertenecen a gremios de profesionales organizados acaparan los puestos de trabajo de por vida, en una especie de matrimonio del tipo “hasta que la muerte los separe”, con la consiguiente afectación del relevo generacional.

A diferencia de lo que muchas veces se dice, en la actualidad obtener un empleo en el sector público resulta mucho más ventajoso para profesionales de ciertas disciplinas, que hacerlo en el sector privado.

Las constantes concesiones de beneficios como: aumentos salariales en porcentajes mayores a los que normalmente se aplican en el sector privado y de manera automática, cada cierto tiempo, en base a escalas establecidas, jornadas de trabajo reducidas, bonificaciones, estabilidad laboral (para agremiados) y la escasa o nula supervisión para exigir calidad en el trabajo (poca presión), hacen del Estado un empleador deseable.

Las citadas condiciones y la oportunidad de lograr un ingreso adicional significativo en concepto de pensión y, de manera simultánea, con el salario, constituyen una tentadora oferta que pocos rechazarán cuando alcancen los 60 o 62 años, en el caso de los hombres, y los 55 o 57 años en el caso de las mujeres.

Esta situación presiona el presupuesto de las diferentes instituciones, porque frente al inevitable declive de la productividad de una parte de su fuerza laboral ya jubilada, pero aún en planilla, forzosamente tienen que solicitar mayores recursos financieros para crear nuevas posiciones en sus estructuras y nombrar a profesionales jóvenes, con el consiguiente incremento en el gasto de la ya de por sí gigantesca planilla estatal.

No se puede negar, al menos con razones fundadas, que las personas al alcanzar ciertas edades merman en sus capacidades y actitudes laborales, y esto de manera irremediable termina por afectar la atención de los usuarios. Es por esto que en todo el mundo se establecen las edades de jubilación.

En algunas profesiones que gozan de estabilidad laboral, el tema es grave y amerita un inmediato y serio estudio para hallar una solución que permita el tan necesario relevo generacional. Dejar que los puestos de trabajo se acaparen de esta manera, además de tener sus repercusiones en las finanzas públicas y en la calidad de los servicios que deben prestarse a la población, frustra las aspiraciones de crecimiento de muchos jóvenes que ven coartadas sus aspiraciones de escalar a lo interno de sus instituciones, porque las jefaturas y posiciones de mayor jerarquía permanecen indefinidamente en poder de funcionarios ya jubilados.

Algunos dirán que la solución es simple: al que no trabaja debidamente, aunque sea jubilado, que se le destituya por su deficiente desempeño laboral. Sin embargo, hay que reconocer que en las entidades públicas la cosa no es así de fácil.

Recordemos que el amiguismo, el paternalismo y la politiquería son males endémicos del sistema, que prácticamente impiden realizar evaluaciones del desempeño realmente objetivas, y, por lo general, la mayoría de los servidores reciben altas calificaciones en este aspecto. Pocos jefes están dispuestos a jugar su rol para evitarse problemas.

Insisto, así las cosas, urge que el Ejecutivo ordene un estudio de este problema que si bien surge del reconocimiento de un derecho declarado por la Corte Suprema de Justicia, a favor de quienes alcanzan la edad de retiro, a mi juicio atenta contra el derecho de los jóvenes profesionales a relevar a sus antecesores, llegado el momento.

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