PARTICIPACIÓN SOCIAL

Las mujeres no son una amenaza: Candice Herrera Carrizo

Observar lo que está sucediendo en la sociedad panameña, en los ámbitos político, familiar, social y en la administración de los recursos públicos, causa dolor y vergüenza. Más aún, representa claramente el deceso gradual de la patria.

Los efectos, acumulados por la ausencia de valores y principios que deben normar la conducta de cada individuo, comprometen su capacidad de comportarse en forma íntegra en la sociedad dentro de una convivencia sana, próspera y positiva. Ese es el origen de actitudes bajas, serviles, ambiciosas, ostentosas, egoístas, delincuenciales, decepcionantes y degenerativas, cada vez más visibles en el medio nacional. Esas actitudes representan una amenaza para quienes tienen la buena intención de impulsar un desarrollo real y fructífero en favor de todos los sectores de la Nación panameña.

La devastación en las instituciones públicas y el sometimiento de los principales órganos del Estado encubren el enriquecimiento ilícito y el control desmedido del poder para favorecer a un selecto grupo. Desde la cúspide del Ejecutivo se atenta contra los recursos nacionales, aniquilando, oprimiendo y asaltando a la gran mayoría de ciudadanos y manteniendo a la población encandilada por medio de redes de engaño, con programas que no son sostenibles y que, en lugar de atacar la pobreza, la multiplican.

Los regalitos, las bolsitas de comida y las prebendas humillan a los ciudadanos, pisotean su dignidad y cierran la puerta a los reales beneficios a los que tienen derecho. El Estado está obligado a garantizar los servicios básicos, como la alimentación, la salud, la educación, la seguridad, el trabajo de calidad y la sostenibilidad del medio ambiente.

Esa responsabilidad recae directamente sobre los políticos electos, las autoridades y gobernantes en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones.

Bien sean los derechos humanos y ciudadanos, la seguridad integral, la propiedad estatal, la justicia, los principios básicos de la democracia, como son la libertad, la igualdad y la participación, deben ser respetados y asegurados bajo el fundamento de la Constitución Política de la República que, además de garantizar el orden social, debe ser el muro de contención contra los desmanes de la cúpula gobernante y sus socios del poder.

Corresponde a los ciudadanos impedir que se entronicen las perversas intenciones de entorpecer el funcionamiento y servicio de las instituciones públicas. Y que se favorezca el interés de los privados en detrimento de los sectores postergados del desarrollo nacional, víctimas de muerte, hambre, ignorancia e imposibilidad de tener acceso a una oportunidad que permita crecer humana, digna, espiritual, social, profesional y económicamente. La falta de calidad en los servicios públicos, los problemas reales no solucionados y la decepción causada en la población en general no son un accidente natural. Es producto del oportunismo y la conveniencia de quien usurpa el poder.

Siendo mujer, joven, panameña y política, considero que las batallas sociales para el avance nacional deben ser dirigidas contra la ausencia de valores y principios. Eso requiere acabar con el mercantilismo político, la violencia y la falta de voluntad política para una gobernabilidad justa, equilibrada y decente. Hay que enfrentar la irresponsabilidad de no asumir debidamente una pensión alimenticia, la mentalidad de no permitir a las mujeres contribuir en igualdad de oportunidades, cuando existe una deuda histórica causada por la discriminación y el abuso de los derechos que como ciudadanas y seres humanos políticos hemos conquistado.

Las mujeres exigimos el derecho de desempeñar un papel en igualdad, porque poseemos cualidades inherentes, verdadera entrega social, tolerancia, sensibilidad, protección de nuestro entorno y somos administradoras naturales, conciliadoras, capaces y progresistas. Las mujeres no somos una amenaza.

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