DERECHOS COLECTIVOS

Nuestra nación: Roberto Arosemena Jaén

El 5 de febrero del presente año, la sociedad panameña aprendió que tiene grupos humanos que se hacen respetar. El actuar con dignidad se da, sobre todo, frente a gobiernos despóticos y frente a poderes económicos desbordantes, como el actual mercado de especuladores que revolotea sobre territorio panameño.

La condición de originario agrega a la natural autonomía del campesinado, el apego a su herencia telúrica que hay que defender frente a los acaparadores insaciables. Esta experiencia fue exitosa cuando los originarios de mediados del siglo XVI, después de la muerte de Urracá, lograron constituir el territorio de indígenas libres de la comarca-parroquia de Penonomé. La experiencia de gobierno autónomo, con autoridades propias, se mantuvo todavía en 1814, cuando se nombró el primer alcalde mestizo de Penonomé, un tal José de los Santos Jaén y explica el enfrentamiento armado durante 1901, entre el grupo de Victoriano Lorenzo contra los voluntarios penonomeños, dirigidos por el anciano Laurencio Jaén Guardia.

Lo significativo de la experiencia penonomeña, apenas barruntada por Omar Jaén Suárez, en la Región de los Llanos de Chirú, es la capacidad de persistencia de los originarios y luego de los mestizos, y de hacerse respetar por las autoridades panameñas (fuesen hispánicas, bolivarianas, neogranadinas o republicanas). El mismo movimiento de Acción Comunal, de 1931, no se explica totalmente, sino es por la influencia autonómica de los grupos humanos libres que se asentaron en Penonomé.

Los originarios, dirigidos por la Coordinadora (2011-2012) para ejercer autonomía en su territorio comarcal, son descendientes del mismo linaje que se hizo respetar frente al imperio español, entre 1533 y 1553. Ahora, el indolente e ignorante gobierno panameño de la cuestión originaria (indígena), se esfuerza en emparchar su desatino con los ngäbe-buglé, en un interminable diálogo de sordos, en la Asamblea Nacional, como si el problema fuese de leyes y no de asunto nacional que afecta los auténticos cimientos de la nación panameña.

En efecto, nosotros somos nación no por la zona de tránsito que fue secuestrada por Nueva Granada en 1846 y entregada a los intereses del Ferrocarril, hasta 1903 y luego al Canal, hasta que logremos denunciar el Tratado de Funcionamiento y Neutralidad del Canal de 1977; nosotros somos nación, porque como los penonomeños del siglo XVI y los panameños del siglo XIX y XX, hemos luchado, inteligentemente, para que el territorio y sus riquezas sean benéficas para todos los nacionales y habitantes de esta tierra, en donde hemos nacido y han muerto nuestros antecesores.

Esta es la reivindicación –no entendida por el gobierno despótico actual– que tienen como portaestandarte la resistencia originaria que ha logrado superar dos enfrentamientos letales.

La Constitución panameña debe garantizar a los pobladores de un determinado territorio –así sea que la propiedad sea comunitaria o comarcal, sea individual con sentido social–, el derecho a autorizar minerías y la explotación de recursos naturales. No se trata solo del agua o de la tierra, sino del aire y del mar.

Mañana vendrán las plantas eléctricas solares o eólicas y dichas inversiones no podrán ser para que la minoría se enriquezca en exceso y la mayoría se empobrezca, como está sucediendo en el mundo del mercado insaciable y devastador.

Los originarios no aceptan embalses, tipo hidroélectrica del Bayano, ni tipo lago Gatún que no redunden en beneficio de los nacionales panameños. El caso del Canal es paradigmático. Los mismos artífices del tratado canalero aplauden los miles de millones que se reciben hoy contra las decenas que se recibían ayer. No obstante, los ingresos del Canal, contractualmente, son para el funcionamiento del Canal y para garantizar el comercio internacional. Los originarios ngäbe-buglé, nos están diciendo, sí a toda obra para el desarrollo comunitario y ninguna obra para beneficiar a pocos, menospreciando el sentido de un Estado democrático constitucional.

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