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REFLEXIÓN

¿Son necesarias las sesiones extraordinarias?: Juan Manuel Castulovich

Cuando comprobamos para qué son utilizadas, es fácil entender por qué ninguno de los últimos gobiernos, y especialmente el actual, se interesó y menos se comprometió a eliminar la aberración legislativa que son las sesiones extraordinarias. En justicia, hay que reconocer que alguno no las convocó, pero hasta allí llegaron.

En 1903, cuando nació la República y no se había creado formalmente el Órgano Legislativo, la encargada de legislar fue la propia Convención Nacional Constituyente. El poder Legislativo nació por la Constitución promulgada en febrero de 1904 que, en su artículo 142, transformó a la Convención Constituyente en Asamblea Nacional, para que funcionara como tal hasta 1906, cuando debía elegirse la primera Asamblea Nacional, propiamente dicha.

En su primera época, bajo la Constitución de 1904, la Asamblea sesionaba, de manera ordinaria, cada dos años, por períodos de 90 días, que podía prorrogar por otros 30. También podía ser convocada, extraordinariamente, por el Presidente de la República.

Bajo la Constitución de 1941, la Asamblea se reunía cada año impar, o sea, cada dos años, por cuatro meses. Y, de acuerdo con la Constitución de 1946, todos los años, por períodos de cuatro meses.

Durante el régimen militar el poder Legislativo, en su forma tradicional no existió. De 1968 a 1983 la función de legislar la asumió, primero, la Junta de Gobierno; luego el Órgano Ejecutivo y una Comisión de Legislación; y posteriormente el Consejo de Legislación.

El Acto Constitucional de 1983 restableció la Asamblea de Diputados, a la que denominó Asamblea Legislativa. Desde entonces la Asamblea sesiona en períodos anuales durante ocho meses del año, divididos en dos legislaturas ordinarias de cuatro meses, cada una.

Hasta la reforma constitucional de 2004, los proyectos de ley no aprobados en una legislatura debían considerarse y discutirse, en la siguiente, como “proyectos nuevos”; pero, por disposición del último cambio, pueden seguirse discutiendo, retomándolos en la etapa en que se encontraban al finalizar la legislatura anterior. Además, las comisiones siguen funcionando, de forma ininterrumpida, durante los recesos entre las legislaturas ordinarias. ¿Por qué, entonces, se necesita convocar a la Asamblea a sesiones extraordinarias, cuando tenemos un Legislativo que funciona todo el año y, además, cuenta, proporcionalmente, con más diputados principales y suplentes que cualquier otro órgano similar de América Latina y, quizás, del resto del planeta?

Las sesiones extraordinarias deben ser abolidas de una vez por todas. Tal vez se justificaron en el pasado cuando la Asamblea era intermitente; pero no ahora. Hoy solo sirven para premiar la vagancia y, como los hechos nos siguen demostrando, para “madrugonazos” y otras lindezas. Desde hace muchos años abogo porque mediante una reforma constitucional se eliminen las sesiones extraordinarias y porque, mientras llegue ese momento, los gobernantes se abstengan de convocarlas. Las sesiones extraordinarias, al igual que las facultades extraordinarias desnaturalizan la separación de los poderes y la función del Legislativo que, de supuesto “primer órgano del Estado”, termina convertido en “caja de resonancia” del Ejecutivo. Así de cierto, y así de claro.

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