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COMBATE AL TERRORISMO

Entre la neutralidad y la unión a la coalición contra el Estado Islámico: Gianfranco Smith

Cuando la cancillería de la República de Panamá tomó la decisión de incluirnos en la coalición contra el grupo Estado Islámico (EI), un amplio sector de la población mostró su descontento ante sus declaraciones. Para muchos, constituye una decisión apresurada, porque no se realizaron las consultas jurídicas necesarias para su formulación, y quizás desmesuradas, teniendo en cuenta que por mandato constitucional la república de Panamá carece de un cuerpo militar. Particularmente, se ha citado de forma reiterada la condición de “neutralidad permanente” de la que goza el Estado desde 1977, en razón de la suscripción del tratado, que lleva el mismo nombre, con Estados Unidos, porque tanto en su artículo 1 como en el 2, se consagra la obligación de Panamá de mantener el Canal “permanentemente neutral”, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, a efectos de permitir el “tránsito pacífico de las naves de todas las naciones”. Un análisis detenido del texto citado nos permite hacer las siguientes observaciones: si bien Panamá debe mantener una condición de neutralidad permanente, el ámbito de aplicación de tal obligación se circunscribe al uso y tránsito por el Canal, y la obligación de mantener la neutralidad permanente es para con los Estados, como sujetos de derecho, a pesar de las imprecisiones terminológicas al referirse a “naciones”.

En ese sentido, la unión a la coalición contra el EI no violó el tratado de neutralidad permanente de 1977 pues, como bien se lee en el texto de la convención, la neutralidad que debe mantener Panamá es única y exclusivamente en relación con el uso y libre tránsito de los buques de todas las naciones por el Canal, de modo que ante la ausencia de una prohibición expresa, el Estado istmeño tenía plena capacidad para tomar posición frente a la contienda bélica contra el EI, en la medida en que no se comprometiese la seguridad y el tránsito por el Canal.

Y de cualquier forma, dada la naturaleza convencional de la neutralidad permanente del tratado de 1977, las obligaciones que surgen de dicha convención tienen como sujeto pasivo a otros Estados, y no a otros sujetos de derecho internacional distintos a estos. Siendo así, la obligación de mantener la neutralidad permanente no aplicaría a los conflictos bélicos contra grupos insurgentes o beligerantes, categorías con las que podría identificarse al EI.

Por otra parte, siendo Panamá un Estado parte de la Carta de las Naciones Unidas tiene el deber de cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad que, según el artículo 25 del tratado en mención, son de obligatorio cumplimiento y de efectos erga omnes (aplicación colectiva a todos los Estados), sin mencionar que en virtud del artículo 103 de la Carta, el cumplimiento de sus disposiciones tiene prevalencia sobre las demás obligaciones convencionales de las que Panamá sea sujeto. Decimos esto, pues mediante Resolución de 15 de agosto de 2014, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exhortó a todos los Estados a que “adopten todas las medidas que sean necesarias, adecuadas y acordes con sus obligaciones en virtud del derecho internacional para combatir la incitación a perpetrar actos terroristas motivados por el extremismo y la intolerancia por parte de personas o entidades asociadas con el EI...”, por lo que, de acuerdo con este mandato, Panamá, más que un derecho de unirse a una coalición contra el EI, tiene la obligación de combatir las actividades perpetradas por este, incluso con prioridad sobre las demás obligaciones internacionales, aun cuando tengan como fuente el tratado de neutralidad permanente de 1977.

Aventurado sería afirmar que en virtud del tratado de neutralidad permanente Panamá debe mantener una posición imparcial frente a la lucha contra el terrorismo. Puede que la forma en la que nos unimos a la coalición contra el EI haya dejado descontentos e interrogantes, pero tales malestares no justifican la elaboración de argumentos jurídicos desacertados sobre una neutralidad que no tenemos. Por el contrario, Panamá, como miembro de la comunidad internacional, tiene el deber de combatir el terrorismo, cualquiera que sea la forma, y dentro de su limitación militar, pues una ofensa provocada por un acto terrorista no es una ofensa exclusiva contra el Estado víctima, sino contra la comunidad internacional en general.

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Cortesía/Sinaproc

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