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IMPLEMENTACIÓN

La nueva estructura de la justicia penal: Raúl E. Olmos E.

Desde el pasado 2 de septiembre se inició en nuestro país el nuevo esquema de juzgamiento criminal, fundado en el sistema acusatorio, impregnado de los principios de oralidad, inmediación, contradicción para citar algunos.

Es un nuevo modelo en el que cada interviniente juega su rol, es decir, el fiscal dedicado a dirigir la investigación, el juez de garantías a controlar las actividades del fiscal, cuando estas procuren sacrificar un derecho fundamental (libertad, domicilio, comunicaciones) y una defensa proactiva, centrada en preservar los derechos del imputado y esto, como tal, lo conmina a buscar los medios de convicción que demuestren fehacientemente la inocencia de su representado.

De momento, en Coclé y Veraguas se aprecian ejemplos aislados de respuesta judicial pronta y oportuna, por conducto de sentencias emitidas por los jueces de garantías, dado que el fiscal ha utilizado como fórmula efectiva la figura del acuerdo (Art. 220 CPP) que identifica a nuestro nuevo Código Procesal con las corrientes de la justicia negocial.

Esta nueva forma de respuesta penal supone una negociación del fiscal con el imputado y el defensor de cara a lograr una sentencia por parte del juez de garantías, siempre y cuando reconozca los hechos y de esa forma obtener una pena atenuada o más benigna.

Es importante en ese espacio procesal preservar los derechos de la víctima, pues en el fondo si bien se persigue que los casos penales culminen con mayor celeridad, esto no puede suponer una merma en los derechos de la persona ofendida por el delito, por tanto, cualquier pena negociada debe contar con la opinión o posición de la víctima.

Sin duda, a medida que se va avanzando en la implementación, se irán haciendo los ajustes respectivos a las distintas figuras que contempla la Ley 63, de ahí que resulte de esencia que en el Cuarto Distrito Judicial de Panamá (Herrera y Los Santos), donde se inicia el sistema el próximo 2 de septiembre, se conozca las fortalezas, debilidades e insuficiencias que se aprecian en el Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), para de forma oportuna realizar los ajustes correspondientes de índole institucional, como jurídicos para que el nuevo modelo de juzgamiento criminal sea un mecanismo efectivo de resolver los conflictos generados por el delito.

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