ADECENTAMIENTO

Los retos del nuevo contralor: Raúl Moreira Rivera

Los retos del nuevo contralor: Raúl Moreira Rivera Los retos del nuevo contralor: Raúl Moreira Rivera
Los retos del nuevo contralor: Raúl Moreira Rivera

La Asamblea Nacional escogió, en forma casi unánime, al empresario Federico Humbert Jr. como nuevo contralor general de la República, quien ejercerá funciones a partir del 2 de enero de 2015. Su llegada al puesto muestra retos interesantes en cuanto al uso de los recursos del Estado.

En primer lugar, plantea volver a demostrarle a la ciudadanía que el hecho de ser un gran empresario hace improbable la posibilidad de utilizar su cargo para generar beneficios propios, a contrario sensu de la percepción que dejó el pasado Gobierno, porque muchos de sus altos funcionarios –sin importar su estatus económico– generaron fortunas incompatibles con el patrimonio que poseían al asumir sus cargos en la administración pública.

El eslogan de campaña, “Entran limpios y salen millonarios”, solo sirvió para captar el voto de los incautos. En cambio, la realidad de las denuncias penales presentadas ahora indica que no solo los limpios salieron millonarios, sino que los que millonarios salieron multimillonarios. El nuevo contralor no puede permitir que esto se repita.

Debe restaurar la independencia de la Contraloría General de la República para tomar decisiones propias y borrar la triste imagen que dejó la actual contralora, de quien no se sabe si por su condición previa, como empleada del anterior Presidente, desatendió las quejas por el manejo desordenado, poco o nada transparente de las finanzas estatales, y permitió millonarios sobrecostos en los proyectos de inversión pública. Esto ha hecho que se multipliquen las denuncias penales contra altos funcionarios de la anterior administración por supuestos malos manejos de los recursos estatales, cuyo uso se supone debía estar bajo su control.

Como consecuencia de la anterior situación, el contralor entrante tiene el reto de demostrar, ante propios y extraños, que la transparencia y la disciplina fiscal retornarán, tras los cinco años de vacaciones que le dio la pasada administración.

Se trata de un compromiso sumamente importante, porque a las constantes observaciones que realizaban los analistas económicos nacionales –entre los que me incluyo– se le sumaron los llamados de atención que le hacía al Gobierno las agencias internacionales, fueran multilaterales o privadas.

Reitero la importancia de demostrar, con hechos, primero, que la percepción que dejó la pasada administración será superada y que no se pondrá en riesgo el grado de inversión que tanto le costó a este país y, segundo, que la disciplina en el manejo de los recursos de todos permitirá contar con los fondos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, a la vez que se honran los compromisos financieros que el país adquirió.

Al respecto, el nuevo contralor debe garantizar que el financiamiento de los proyectos de inversión pública provenga en una proporción cada vez menor del endeudamiento gubernamental, de manera que se revierta la absurda tasa de crecimiento de la deuda pública heredada de la pasada administración, que comprometió al país con más de $21,000 millones, es decir, $10,000 millones adicionales del monto que heredó de la administración de Martín Torrijos, según la última carta económica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.

Ese nivel y ritmo de endeudamiento es insostenible y conlleva el agravante de definir si se seguirán manejando fuera del endeudamiento gubernamental los compromisos financieros de entidades del sector público no financiero, como la Empresa Nacional de Autopistas, la Empresa de Transmisión Eléctrica y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, aún cuando la responsabilidad última del financiamiento otorgado a estas es responsabilidad del Estado.

Pero, sobre todo, Federico Humbert Jr. tiene el reto de devolverle a la ciudadanía la confianza de que la Contraloría General de la República cumplirá con su misión constitucional de “Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la ley”. Incluso, levantado su voz de oposición ante los posibles intentos de cambiar las leyes para ocultar inconfesables propósitos de malversación de los recursos estatales.

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