AMENAZAS EN LA OEA

Un nuevo orden interamericano: Eduardo Espino López

Los llamados países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) que incluye a Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y sus pequeños satélites de conveniencia, se movilizaron en forma diplomática (aunque en algunos casos no tanto) en la Organización de Estados Americanos (OEA), al estilo populista y exhibicionista que caracteriza a sus gobernantes, con el fin de promover reformas a la Relatoría de la Libertad de Expresión, organismo o dependencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo preocupante de esto es que no buscan la reforma para mejorar la labor de la Relatoría, sino para neutralizarla y, eventualmente, anularla. El histrionismo y la obcecación radicalista de estos Gobiernos, los lleva a cuestionar a la CIDH y a la Relatoría para proponer incluso su eliminación o, en el peor de los casos, la disminución de su poder fiscalizador del cumplimiento de las garantías a la libertad de expresión, tanto de los medios de comunicación social como de los pueblos de cada nación.

Los argumentos utilizados no merecen consideración especial, por su falta de coherencia.

Todo lo que tratan de hacer los presidentes del Alba (Correa, Maduro, Ortega y Morales), es sacar del camino a un organismo que ha denunciado de manera clara y sistemática las violaciones a los derechos de libre información y opinión; algo que el resto de la OEA no defiende adecuadamente a nivel de la Asamblea General, su principal ente político (caso Cuba y Venezuela).

La Relatoría para la Libertad de Expresión nació en 1997, tras la Segunda Cumbre de presidentes de las Américas. Es autónoma operativa, financieramente, lo que le da la independencia para actuar en la defensa de la libertad de expresión en todo el continente americano. Cada nación está bajo su supervisión, no solo los “países revolucionarios”, como alegan los líderes de la coalición Alba, que nació como subproducto de la alta demanda de materias primas de China y del capitalismo mundial.

El efecto de las supuestas reformas que ellos proponen, en el fondo, es un atentado contra la libertad de expresión y, por lo tanto, del resto de las libertades y garantías de los ciudadanos americanos. La libertad de expresión es la base de las demás libertades (reunión, información, política, etcétera) y lo que estos gobiernos populistas tratan de hacer, envalentonados por la riqueza que les ha caído momentáneamente, sin mucho esfuerzo, de parte de su aparato productivo, es desmantelar el sistema liberal de derechos y garantías promulgados por el constitucionalismo y la doctrina internacional más avanzada.

Son coletazos de presidentes autoritarios que no desean fiscalización a los constantes atropellos contra sus propios pueblos; quieren gobernar con un cheque en blanco, explotando el rencor contra grandes naciones como Estados Unidos y Canadá, que han mantenido regímenes políticos mucho más apegados al respeto de los derechos individuales y al estado de derecho.

Esa alianza, en última instancia, tras ser derrotada en el seno de la OEA tiene como estrategia inundar a la CIDH y la Relatoría con información irrelevante para colapsarla. Y es que los países que la integran tienen acumulados desde hace varios lustros denuncias de cierre de medios de comunicación y hostigamiento económico, fiscal y político contra quienes, de manera independiente, se oponen a su gestión, basada en el uso y abuso estatal de los recursos de los ciudadanos y de empresas particulares para consolidar clientelas políticas de cientos de miles de electores.

Argentina es un caso preocupante en materia de acoso y persecución de periodistas, empresas privadas y medios independientes. Llegó a más de 172 denuncias en el año 2012.

Con la conformación de un gran bloque prodemocrático en la OEA y dejando la connivencia contra el populismo internacional del Alba (sin mencionar a China y otras autocracias en la ONU), habrá cambios que llevarán a una consolidación de las libertades ciudadanas.

Hasta ahora, la falta de liderazgo de las naciones latinoamericanas en materia de derechos humanos ha permitido que la pobreza material y política se perpetúen en países como Cuba y Venezuela; un ejemplo claro de maquillaje macroeconómico de reducción de pobreza con recursos del asistencialismo estatal y de flagrantes atentados contra la dignidad ciudadana de sus pueblos, esto es en una frase, “una gran impostura histórica”.

La CIDH debe reformarse, pero para ampliar su labor y democratizar sus procedimientos, no para que sea convertida –afortunadamente con la propuesta fracasada de Ecuador–, en instrumento de manipulación y chantaje de autócratas con vocación de monarcas. El triunfo de la libertad sobre el totalitarismo en la posguerra fría no está acabado; es un nuevo momento decisivo en el avance de la humanidad hacia la universalización de las libertades consustanciales a la persona humana.

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