EN BUSCA DE EFICIENCIA

Los nuevos paradigmas en la educación superior: Domingo Espinosa G.

La educación de este país debe ser una responsabilidad compartida entre el Gobierno, padres de familia, docentes, estudiantes y la sociedad civil; pero en la práctica es al Gobierno a quien le corresponde hacer las leyes que le dan sustento legal al sistema panameño y proveerlo de los recursos financieros para un funcionamiento adecuado.

Como estamos en un mundo cada vez más globalizado, el legislador y las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) deben buscar la asesoría en los países más avanzados en esta materia, para discernir acerca de los obstáculos que impiden tener una educación competitiva, pertinente y de valores.

Cuando se reorganizó la Universidad de Panamá, con la implementación de la Ley 11 de 1981, uno de los requisitos para escoger al rector era que debía tener méritos académicos, fue así como participó un grupo de distinguidos académicos universitarios como aspirantes a tan alto cargo en la primera casa de estudios del país. Yo era miembro de ese Consejo General Universitario, por eso, escribo con propiedad sobre ese asunto.

Pasados 30 años de ese evento, vemos un retroceso en materia electoral y democrática, a tal punto que los diputados que aprueban las leyes que amparan a las universidades públicas han eliminado el requisito de “méritos académicos”, abriendo el compás para que cualquier profesor, sin solvencia académica ni moral sólida, pueda participar como candidato a rector e inclusive ganar las elecciones. Todo esto ha permitido politizar la enseñanza universitaria.

Señores diputados, si de verdad ustedes quieren una mejor educación y que el país se inserte entre el grupo que tiene una enseñanza e investigación de calidad, entonces, deben aprobar leyes que vayan en busca del mejoramiento académico de sus estudiantes, y docentes, máxime en estos tiempos de acreditación nacional e internacional.

En Panamá hay cinco universidades públicas –a futuro pueden haber más– y cada una tiene una ley que la regula. Este país es muy pequeño y tiene grandes necesidades económicas, como para desperdiciar el tiempo haciendo y reformando las leyes universitarias; les sugiero que ocupen su tiempo en hacer una sola ley marco que rija a todas las instituciones de educación superior que se formarán en el futuro, y que queden adscritas a un nuevo “ministerio de educación superior de ciencia y tecnología”, a fin de optimizar tiempo, recursos y personal.

Así, con el dinero restante se puede mejorar el salario del docente-investigador y la infraestructura, de manera que se garantice la formación de un profesional altamente competitivo, a la vez que se desarrollen investigaciones que resuelvan, por ejemplo, los problemas del productor y de la industria nacional.

Hay universidades de países más avanzados, en las que al rector lo escoge una junta de notables que busca a un candidato con alto perfil académico y luego se lo presentan al Consejo Universitario para su ratificación, así se garantiza alejar a las autoridades de la politiquería y el jolgorio que se acostumbra en estos países del tercer mundo y que tanto daño le hacen a la educación.

Hay otras tendencias en materia de educación moderna y es que los títulos otorgados por las universidades tendrán una fecha de vigencia por un periodo determinado, al final del cual deben revalidarlos. Como dice Cicerón, en su obra Seis errores del hombre, hay que mantenerse actualizado en cada especialidad, si queremos seguir como docentes. Esto obliga a las instituciones a capacitar a su personal y a pasar por un proceso de reingeniería que permita evaluar la productividad del docente-investigador. Lo que debe acompañarse con el pago de honorarios justos, acordes con su desempeño laboral y el nivel de vida en el país. Así las universidades públicas garantizarán tener los mejores científicos en cada una de las especialidades que imparten. Estas, a su vez, deben regularse para evitar crecer administrativamente más allá de lo necesario, y deben adoptar otro tipo de organigrama que permita agrupar las carreras afines en una misma facultad.

Con estas medidas se facilitaría a la institución ahorrar e invertir en el mejoramiento institucional.

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