PREOCUPACIÓN

¿Quién defiende los intereses populares en la junta directiva de la ACP?: Olmedo Beluche

La voracidad de los especuladores del consorcio Grupo Unidos por el Canal (el nombre es un sarcasmo), que exigen un sobrecosto de $1,600 millones, ha servido para que se iluminen algunas cosas que estaban a oscuras. Uno de esos ángulos oscuros es la composición de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

¿Cómo se contrató a un consorcio encabezado por una empresa con la pésima reputación de Sacyr? ¿Cuáles son los términos del contrato? ¿Por qué no es público? Se rumora que se firmó en inglés a la manera del Hay-Bunau Varilla. ¿Estaban bien las estimaciones de ingeniería y financieras o hubo desde el principio intenciones especulativas? Al final, todas las preguntas conducen a la que nos sirve de encabezado: ¿Quién defiende los intereses populares y de la clase trabajadora panameña en la junta directiva de la ACP?

El mito que se ha creado es que la junta directiva de la ACP ha estado compuesta por santos, quienes han hecho del Canal su religión y que han sabido administrarlo eficientemente (“igual que lo hacían los gringos”), sin intromisión de la política (es decir, la corrupción) presente en el resto de la administración pública. ¿De dónde sale tanto santo? La respuesta conduce al Título XIV de la Constitución Política de la República de Panamá, “Sobre el Canal de Panamá”. En su artículo 318, define la composición de la junta directiva por 11 personas, nombradas así: un director que la preside, con calidad de ministro de Estado nombrado por el Presidente de la República; un director nombrado por la Asamblea Nacional; nueve directores nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Gabinete y ratificados por el Órgano Legislativo, nombrados en grupos de tres cada tres años. Es decir, la directiva está compuesta por personas que han sido nombradas por el rejuego político de presidentes y partidos.

¿Algún miembro de la junta es nombrado por los representantes del movimiento obrero organizado? No. ¿Alguno ha sido designado por los profesionales organizados en la SPIA o la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá? No. ¿Alguno por las universidades? No. ¿Alguno representa a nuestras comunidades campesinas e indígenas? Tampoco. ¿Cuántos panameños de a pie conocen a los integrantes de la directiva? Casi nadie.

Una consulta a la web de la ACP muestra que, de los 11 miembros de su directiva en este momento, ocho han sido nombrados por el presidente Ricardo Martinelli y tres por el ex presidente Martín Torrijos. Salvo uno, todos son empresarios conocidos vinculados al negocio de construcción e inmobiliario. En realidad ellos pertenecen a la élite de los negocios del país.

Exijamos una junta directiva de la ACP que realmente exprese la diversidad del país, que represente los intereses de los sectores obreros y populares, para que el Canal, en verdad, sirva para el desarrollo del conjunto de la nación y drene su riqueza para todos, y que no se quede en manos de los especuladores extranjeros y nacionales.

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