LIBRE MERCADO

El control de precios y el problema del conocimiento: Jaime Narbón

El Gobierno Nacional declaró que extenderá el Decreto 165 del 1 de julio de 2014, que regula los precios de 22 productos de la canasta básica, conocido como “control de precios de emergencia”, a pesar de las quejas por parte de emprendedores, productores, consumidores y representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que –tras un análisis correcto– afirman que dicha medida es un atentado al sistema de mercado, porque afecta las interacciones de los individuos al ofrecer y demandar productos.

Curiosamente, el control de los precios de estos 22 productos se aplicó como un acto de “emergencia” con el único propósito de achacarle a la “maliciosa especulación” (sin importar el hecho de que todos los seres humanos especulamos diariamente) el incremento de precios de dichos productos, es decir, un proceso inflacionario. Sin embargo, y tal como indicó Milton Friedman, ganador del premio Nobel de Economía de 1976, “no hay medida política más permanente que una medida temporal”.

Cuando los gobiernos intervienen en los precios del mercado ocurren varios fenómenos. El primero es que al imponer un precio máximo, es decir, un límite sobre el cual el precio fijado de forma artificial es más bajo del que determina el mercado, se produce una expansión en la demanda sobre dicho producto, ya que mayor cantidad de personas podrán obtener el bien. El segundo efecto que se produce, es que al establecer un precio máximo se elimina todo incentivo para la producción de dicho producto, lo que da como resultado una contracción de la oferta, ocasionando la escasez.

El tercer efecto son las quiebras financieras y las pérdidas monetarias en las empresas cuyos márgenes operativos son bajos y que dependen de la producción, compra y venta de los productos que se pretenden controlar.

Cuando las autoridades estatales imponen precios ajenos a los dictámenes del mercado, se alteran las valoraciones subjetivas de los participantes, lo que genera señales falsas para aquellos que producen, consumen o invierten.

Esto conlleva a serios desajustes y a la mala asignación de recursos (que son siempre escasos), mientras que las necesidades son ilimitadas.

En la medida en que se desarrollan e implementan los controles de precios, se hacen más difíciles los cálculos económicos, la evaluación de proyectos y los análisis contables, porque estos precios no reflejan las condiciones del mercado, sino las preferencias de los gobernantes que desean imponer precios de su agrado.

Más allá de comprender esos efectos negativos, como resultado de controlar los precios por decreto, existe el fenómeno que los economistas austríacos, como Ludwig von Mises y F.A. Hayek, denominaron: “el problema del conocimiento”.

Este nos explica la imposibilidad que tienen las autoridades estatales para obtener la información que les permita planificar centralmente todo o un aspecto de la economía. Hayek lo denominó la pretensión del conocimiento, es decir, las autoridades pretenden saber más que el mercado qué es lo que mejor satisface las necesidades de las personas y cómo se asignan de manera más eficientes los recursos escasos. Así tenemos, por ejemplo, la irresponsable afirmación de nuestras autoridades de que con esta medida el consumidor se ahorraría 58 dólares del costo de la canasta básica.

Por fortuna, el problema del conocimiento tiene solución y se encuentra en la naturaleza coordinadora del sistema de precios en el mercado. Estos reflejan las valoraciones subjetivas de los individuos. Los precios, a su vez, representan información que es utilizada para tomar decisiones. Los precios son esenciales para la coordinación de conocimientos en la sociedad; un conocimiento que solo los participantes individuales en el mercado poseen y que es imposible que las autoridades estatales determinen.

El control de precios refleja la fatal arrogancia de los planificadores socialistas, que piensan que es posible organizar la sociedad y que el mercado falla, pero el Estado no. Es hora de que las autoridades reconsideren el Decreto 165 del 1 de julio de 2014 y que lo eliminen lo antes posible.

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