RESPONSABILIDAD

¿Dónde está el fiscal electoral?: Regina Sofia Liakopulos Araúz

Nuestra legislación permite la realización de campañas electorales a través de los medios de comunicación social, en debates y encuestas de opinión. Sin embargo, hay influencias ilegales que ejercen poder sobre la libertad de los electores al momento de decidir al candidato que consideran será mejor para el país.

Esta garantía de libertad, establecida en el artículo 136 de la Constitución, indica que el ciudadano no debe ser influenciado por el uso de los recursos del Estado para favorecerlo. Sin embargo, en las pasadas elecciones se incurrió en esta violación de la ley –es decir, en una forma de fraude– para favorecer a un partido y a sus candidatos, violando así la garantía de la igualdad de condiciones que deben tener todos los candidatos que compiten para los mismos cargos de elección popular.

A pesar de ese exabrupto, ganaron varios candidatos ajenos al partido favorecido con esos dineros, por lo que el fraude no tuvo el efecto esperado.

Además de lo ya señalado, se produjo la distribución masiva de recursos del Estado, que también se prohíbe expresamente en las leyes y en la Constitución, por lo que es justo anular los resultados de las elecciones en los circuitos en que se compruebe la comisión de tal vicio.

En los procesos de impugnación se busca verificar si, en efecto, se ha incurrido en las causales que establece el Código Electoral para declarar la nulidad de las elecciones. En la contienda pasada se comprobó que hubo varios casos del uso de recursos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y de las partidas circuitales con fines políticos. Esto es algo previo a que se dé un proceso por delito penal electoral.

Además de las impugnaciones presentadas, hay otro mecanismo para determinar el manejo de los recursos del Estado, en el caso de aquellos diputados cuyas impugnaciones no se presentaron en el tiempo oportuno.

La falta de impugnación no significa que el fiscal electoral se vea impedido para ordenar una investigación que determine la consumación de los delitos que establece el Código Electoral, e inicie un proceso penal para deslindar responsabilidades. Esta es una de las cosas que puede hacer el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, quien se muestra ajeno a todo lo que ocurre e indiferente ante las responsabilidades que tiene su cargo.

Entre los candidatos impugnados por el uso de fondos del Estado para sus campañas políticas están Carlos Afú, del circuito 7-1; Mariela Vega, del circuito 7-2; y Noriel Salerno, del circuito 2-4.

Un informe del PAN señala que a Carlos Afú se le favoreció con lo que parece ser un pedido de compra a una ferretería, y que incluía serruchos, bombas para fumigación, palas, hachas, lavadoras y refrigeradoras.

Además se le favoreció con la entrega de cerca de 15 mil bolsas de comida, 63 mil balones y 97 mil uniformes deportivos. En la ferretería señalada todo se compraba con el dinero recaudado de los impuestos, y se vendía por votos.

Mediante una acción exhibitoria se verificó que Afú, en efecto, utilizó fondos estatales como si fueran parte de su chequera personal e incluso giró 991 cheques directos a electores.

La resolución de impugnación en los circuitos 7-1 y 7-2 declaró nulos los resultados en 15 mesas, en cada uno, por eso se convocaron nuevas elecciones.

A pesar de que se probó que el daño ya estaba hecho, los diputados Carlos Afú, Mariela Vega y Noriel Salerno recibieron sus credenciales el mes pasado. Es un hecho que cuando el partido oficialista –o sus candidatos– busca la reelección, entonces inicia estrategias de apoyo económico para verse favorecido en las elecciones.

Mediante el voto influenciado, que denominan también “prepago”, se compra de antemano al elector. Así, después, el canditado ganador considera que no le debe nada al pueblo que lo eligió, y que no tiene mayor compromiso. Esto afecta muchísimo el sistema democrático y pone en evidencia la necesidad que tenemos de reforzar las normas electorales.

Queda en nosotros, los panameños, exigir la rendición de cuentas. Debemos reconocer que el sistema requiere del voto informado, es decir, conocer a los candidatos, sus antecedentes y sus propuestas, y eliminar el voto de hambre. Entre las medidas que se deben aplicar para evitar casos como los señalados está eliminar la reelección directa y las partidas circuitales.

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