TRANSPORTE

Llueve dentro del bus: Rolando Anguizola B.

El servicio de buses en la ciudad de Panamá y alrededores fue regulado bajo la Concesión No. 21-10 de agosto de 2010, celebrada entre el pasado gobierno y la empresa de origen colombiano Consorcio de Transporte Masivo de Panamá. Como consecuencia de este convenio, el pueblo sufre madrugadas y anocheceres haciendo cola a la espera del bus de sus frustraciones y angustias, hecho que se agrava por los frecuentes conflictos con los conductores, acostumbrados a la extorsión para obtener beneficios laborales.

Esto poco le importa al concesionario, siempre contento porque cobra los 0.25 centavos y un subsidio estatal de 0.32 centavos por pasajero, más la exoneración del impuesto sobre la renta, del combustible, repuestos, insumos, paradas, “zonas pagas” y disfruta de terrenos gratis para sus patios y talleres, prebendas que suman arriba de un dólar por pasajero.

Por razones que usted puede imaginar, un gobierno incompetente fue incapaz de imponer términos justos para el usuario, y los pretendidos 15 minutos en la parada se transforman en horas de suplicio; las zonas pagas diseñadas para el pisa y corre son un mar de gente en filas de una a dos horas; señoras y señores, jóvenes o viejos, sanos y cojos, sin asientos ni sanitarios, son víctimas de este cruel sistema de transporte. Van duro, peor que borregos.

La concesión lleva tatuada la F de fracaso, porque no tiene objeto lícito y carece de viabilidad jurídica, pues que no es equitativa ni justa con el usuario. Sus propietarios no se consideran contractualmente obligados a prestar un eficiente y cómodo servicio, les importan un bledo los pasajeros y los conflictos laborales se les resbalan, ya que tiene un ministro “resuelvelotodo”.

Estos son hechos que ya cumplieron cuatro años. Antes de rectificarlos puede pasar toda la eternidad y un día más, si nuestros actuales gobernantes esperan pacientemente una solución que caiga del cielo. El Estado debe revocar la concesión por antijurídica y denunciarla esgrimiendo incompetencia continuada. Los empresarios firmaron, a sabiendas del tranque, de los cráteres, la falta de paradas y otras infraestructuras, la lluvia moja y el sol alumbra.

En otras palabras, ellos sabían de condiciones preexistentes que, a posteriori, no pueden esgrimir ante un tribunal como causa de su incumplimiento. Abundan otras evidencias, buses inadecuados, aires que gotean, carrocería muy alta, puertas inseguras, personas con discapacidad excluidas, pasando por conductores sin entrenamiento, trasplantados de los “diablos rojos” y, lo más grave, insuficiente cantidad de unidades rodantes para el eficiente y continuado transporte de los miles de usuarios varados a lo largo de todas las rutas.

La reacción del concesionario puede ser la amenaza de una demanda millonaria contra el Estado, ¿quién dijo miedo? La cuantía de la improbable acción es nimia comparada con el beneficio de que el gobernante, de una vez por todas, resuelva subir al pueblo y bajar al contratista. A los pasajeros el Estado les adeuda vidas, sueño, descanso, seguridad y comodidad. ¡El pueblo primero!

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