POLÍTICA

Mi presidente ideal: Franklin Castrellón

Cuando Guillermo Endara G. asumió la presidencia junto a Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, el 19 de diciembre de 1989, sabía que recibiría un país destruido, no solo desde el punto de vista material sino institucional. El dictador Manuel A. Noriega, cuyo régimen había sido derrocado por la invasión estadounidense, controlaba todos los poderes del Estado.

Quienes vivieron esos años recordarán que todo estaba subordinado a la voluntad del dictador: la Asamblea, la Corte Suprema, la Procuraduría y el Tribunal Electoral, solo para mencionar los principales poderes públicos. Al asumir Endara, la inmensa mayoría esperaba que el primer gobierno democrático posinvasión reestructurara el Estado, vía una nueva Constitución, en la que cada uno de los poderes actuase de forma independiente conforme lo enunciaran John Locke, Jean-Jacques Rousseau y el Barón de Montesquieu durante la Ilustración.

Aunque ese era el norte que inspiraba a su gobierno, lamentablemente, las frecuentes crisis impidieron a Endara satisfacer ese objetivo nacional. Recordemos que cuando asumió el poder, el país venía de dos años con crecimiento negativo (–16% en 1988 y –4% en 1989), y la dictadura había acumulado una deuda equivalente al 110% del PIB. Para agravar las cosas, el saqueo durante la invasión causó pérdidas estimadas en más de $2,000 millones. Endara debió darle prioridad a la recuperación económica vía el Plan Ford, gracias al cual la economía registró un crecimiento anual de 8% en el trienio 1990–1992. Ello, a pesar de que los $500 millones de ayuda prometida por Estados Unidos no llegaban, lo que impulsó a Endara a decretar una huelga de hambre, en marzo de 1990, para presionar el desembolso de la ayuda. Endara fue invitado a Washington por el presidente George Bush y lo más que logró fue una explicación de que el Congreso se oponía a aprobar el aporte.

En lo interno, Endara enfrentó una sublevación policial, una imagen débil por la prolongada ocupación militar y la salida del PDC de su gobierno, después de que prescindiera de su antiguo aliado, Arias Calderón, como ministro de Gobierno y Justicia en abril de 1991. Para rematar, el 7 de enero de 1992 denunció la conspiración “Matar al Gordito”, supuestamente liderada por exmilitares. El año de golpes contra su gestión (el ala norieguista del PRD no lo dejó gobernar) culminó en noviembre, con el rechazo popular a una mediatizada reforma a la Constitución aprobada por la Asamblea.

Las adversas circunstancias por las que atravesó durante su mandato le impidieron impulsar una nueva Constitución que eliminara el excesivo presidencialismo y estableciera los pesos y contrapesos propios de una democracia efectiva. La esperanza de lograr ese objetivo histórico revivió en 2009 cuando el hoy presidente Ricardo Martinelli propuso reestructurar la Constitución para fortalecer la democracia y modernizar el Estado. Esa propuesta venía precedida de su promesa, en Cade 2006, de despojar al Ejecutivo de los excesivos poderes que tiene.

Cumplidos casi tres años del actual gobierno, el país ha retrocedido, proporciones guardadas, a la época de Noriega, cuando este controlaba todos los poderes. Desde mi perspectiva, no hay nada que se pueda hacer para salvar al sistema de Justicia (Corte Suprema y Procuraduría) ni a la Asamblea Nacional del desprestigio en que se encuentran. De allí que frente al próximo proceso electoral visualizo a un candidato que se comprometa a liderar una constituyente originaria que, al tiempo que impulse una nueva Constitución, disuelva la Asamblea y la Corte y establezca los fundamentos para reestructurar a todos los órganos del Estado. El núcleo de la nueva Constitución pudiese ser el proyecto elaborado por la Comisión de Notables. En base al principio constitucional de que “El poder público solo emana del pueblo” (Art. 2), el candidato que proponga la disolución de los órganos putrefactos tendrá, una vez electo, toda la autoridad para impulsar los cambios.

El nivel de desprestigio de la Corte es tal que llevó a una diplomática a afirmar hace un par de años que en Panamá, “los magistrados administran la Corte como una empresa delictiva” (La Prensa, 25/1/2011). En cuanto a la Asamblea, la mayoría de los diputados ha traicionado a sus electores y la lealtad que deben a los partidos que los postularon, a cambio de acceso al presupuesto estatal. Además, gracias a esa mayoría, la Asamblea se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo.

En otros países, los congresos han sido disueltos por incumplimiento de sus funciones y corrupción. Los casos más recientes ocurrieron en Ecuador cuando, en noviembre de 2007, la Asamblea Constituyente disolvió el Congreso por la manifiesta “incompetencia y corrupción” de los diputados. Y en Letonia, el año pasado, el 94% de la población votó a favor de disolver el Congreso por graves acusaciones de corrupción. Aunque en Panamá no hay precedentes al respecto, existen sobradas razones para tomar medidas ejemplares contra esos órganos que han perdido toda credibilidad. Ellos han actuado como cómplices en el deterioro de la democracia, que ha llegado a su peor nivel durante el periodo democrático. Estoy seguro de que el candidato que se atreva a incluir esa propuesta en su plan de gobierno recibirá un abrumador respaldo en las urnas, previsto que su palabra goce de credibilidad. Desde mi perspectiva, él sería el presidente ideal.

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