CONJUNTO NORMATIVO

El debido proceso constitucional: Carlos M. Herrera Morán

La justicia panameña ha sido ásperamente cuestionada por su carácter arbitrario y selectivo, a consecuencia de que hay fiscales y jueces que no respetan el debido proceso constitucional. La República de Panamá constituye un Estado democrático de derecho, lo que implica entre otras cosas que toda persona inculpada de un delito debe ser investigada y juzgada conforme a la ley, con un respeto absoluto de sus garantías procesales y constitucionales.

Los fiscales y jueces deben tener presente que la actividad investigativa y de juzgamiento debe ser desplegada a través de un conjunto de reglas ordenadas, por lo que la validez del proceso está condicionada al cumplimento de cada uno de los trámites previstos en la ley.

El debido proceso constitucional implica que nadie puede ser juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales. Así lo dispone el artículo 32 de la Constitución Política de la República y el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Por ser instrumental, el debido proceso constitucional lleva implícito el reconocimiento de otros derechos como: ser juzgado conforme a los trámites legales, en los tiempos y forma que esta establezca; ser juzgado por juez natural, competente y predeterminado por ley; contar con un defensor técnico; ser oído; aducir y practicar pruebas; derecho al contradictorio y al recurso de impugnación predeterminado por la ley, entre otros.

El artículo 4 de la Carta Magna establece: “La República de Panamá acata las normas del derecho internacional”. Dentro de este contexto, debemos reconocer que los tratados internacionales suscritos por Panamá, constituyen fuente de derecho que debe ser acatado por las autoridades judiciales internas.

El Dr. Arturo Hoyos, en su obra la Interpretación constitucional, señala que el bloque de constitucionalidad es un conjunto normativo de jerarquía constitucional que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha empleado para emitir juicio sobre la constitucionalidad de las leyes y de otros actos sujetos al control judicial de esa institución” (ver página 98). Agrega: “Este conjunto también puede ser aplicado por los tribunales ordinarios inferiores cuando ejercen el control de la constitucionalidad” y al “aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico”.

La jurisprudencia de la CSJ ha establecido que las normas de derecho internacional forman parte del bloque de constitucionalidad “siempre que no contraríen los principios básicos del estado de derecho, ni las instituciones que sustentan la independencia nacional y autodeterminación del Estado panameño”.

De lo anterior, podemos concluir que las normas de derecho internacional ratificadas por Panamá tienen jerarquía constitucional, si consagran derechos fundamentales que son esenciales para el Estado de derecho (v.gr. debido proceso legal, el derecho a la defensa y las garantías judiciales).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sentado la doctrina del control de convencionalidad estableciendo que “los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solo el tratado, sino la interpretación que de este ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (sentencia de 29 de noviembre de 2006 de la CIDH).

El Art. 14 del Código de Procedimiento Penal (acusatorio) vigente en toda la República de Panamá y, por lo tanto, de obligatorio acatamiento por parte de los agentes del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, protege y tutela el respeto a los derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y en ese código.

En consecuencia, no habría tanta corrupción, injusticia y discriminación, si el Ministerio Público y los jueces que imparten justicia respetaran cabalmente el debido proceso constitucional. Es un deber patriótico y constitucional que la CSJ emita sentencias que sirvan de orientación a los tribunales de inferior jerarquía y a los connacionales, entendiendo que “los derechos y garantías que consagra la Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de las personas”.

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