MODELO DE GESTIÓN

La provisión de bienes públicos y la asociación público-privada: Ninotshka Tam

Las Asociaciones Público-Privado (APP) constituyen una fórmula efectiva que permite que se ofrezcan de forma mixta servicios y obras que tradicionalmente eran brindados o construidos de manera exclusiva por el sector público. Uno de los factores que han impulsado este mecanismo en otros países ha sido, sobre todo, la posibilidad de utilizar el capital privado para reforzar este tipo de actividades y obras, lo que tiene como ventaja que reduce el gasto estatal.

Hasta el momento este tipo de modelo se ha utilizado para el desarrollo de infraestructura y proyectos como hospitales, escuelas, prisiones, carreteras, puentes, túneles, saneamiento y dotación de aguas entre otros.

Este sistema se diferencia de anteriores en cuanto a que estos le otorgan la responsabilidad al sector privado, no solo de desarrollar el servicio o la infraestructura, como sea el caso, sino también el compromiso de diseñar y operar el proyecto. Una de sus ventajas es que, debidamente regulado, contribuye a mejorar la calidad de las obras y los servicios públicos.

El concepto de APP se fundamenta en la tesis de que debe haber competencia entre los oferentes privados que participan en la dotación del servicio o construcción de las respectivas obras a efecto de asegurar que la calidad sea la mejor alternativa en términos de precio y calidad. Esta competencia se logra a través de la concurrencia de múltiples oferentes a la adjudicación o concesión del contrato de construcción de la obra o provisión del servicio.

Hay precedentes importantes de países que utilizan este sistema. Por ejemplo, desde 1992 Inglaterra aplica este tipo de iniciativa y se estima que actualmente un 14% de la inversión pública de dicha nación se desarrolla bajo esta modalidad. Otros países con avances importantes que recurren a este enfoque son Australia, Irlanda y Estados Unidos.

En el caso específico de los países de nuestra región, cabe mencionar a México y Chile que constituyen pioneros en la manejo de este tipo de participación del sector privado en proyectos públicos. En el caso de Chile, se ha desarrollado un programa que es utilizado principalmente para carreteras, aeropuertos, prisiones y sistemas de irrigación.

En el caso de Panamá, precisamente en abril pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó ante la Asamblea Nacional un borrador de ley que plantea crear un régimen de Asociación Público Privado.

La exposición de motivos del citado proyecto establece que tiene como objetivo involucrar al sector privado de Panamá en la dotación de infraestructura y servicio que tradicionalmente han sido provistos por el Gobierno, y cita ejemplos de sectores como vialidad, energía, comunicaciones, tratamiento de aguas y puertos, entre otros.

Agrega que el esquema persigue que en algunos casos el financiamiento y repago de las inversiones ocurra a través de los flujos de efectivo que generaría la prestación del servicio o de las obras y de las tasas que se cobrarían, por ejemplo, en el caso de las autopistas. Es interesante que la propia exposición de motivos destaque la importancia de que en efecto este régimen se haga bajo un sistema de transparencia, competencia y responsabilidad fiscal. En los acuerdos debe estipularse la tasa de rentabilidad máxima que se autoriza para que el capital rinda de acuerdo con ese tipo de proyectos, evitando que las tarifas a cobrar abusen del usuario.

Finalmente, otro aspecto fundamental es la habilidad de ofrecer este proyecto a la opinión pública para evitar que la iniciativa sea objeto de tergiversaciones por grupos que, tradicionalmente, se han opuesto a la participación del sector privado en la provisión de bienes públicos. Ambos aspectos serán fundamentales para imprimir sostenibilidad y éxito a este novedoso modelo de gestión de proyectos.

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