POLÍTICAS

Hacia una gestión pública de calidad: Abraham Magallón Rosales

En las postrimerías de 1996, en el Primer Congreso Interamericano del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que abordó el tema de la reforma del Estado desde la perspectiva de la administración pública, el investigador y profesor de sociología Michel Crozier, refiriéndose a la transición del paradigma burocrático a una cultura de gestión pública, dijo que “el éxito de una cultura de gestión pública se está convirtiendo en el problema central del desarrollo de los países avanzados”.

Según Crozier, esto obedecía al crecimiento de las actividades administrativas, públicas y semipúblicas, que sobrecargan de manera extraordinaria los recursos asignables, financieros y humanos, los cuales no pueden ser gestionados con las herramientas tradicionales de la jerarquía administrativa.

Aunado a esto, la sociedad global vive una revolución de actividades que ha alcanzado el funcionamiento de los sistemas de relaciones de poder. Los ciudadanos miden los servicios públicos con criterios de mercado, lo que supone una presión creciente por más y mejores servicios por parte del Estado.

La llamada revolución gerencial trae consigo las posibilidades de alcanzar los resultados deseados mediante el uso de técnicas apropiadas, en las más variadas circunstancias. La sociedad, como tal, se ve obligada a funcionar dentro del nuevo paradigma de la cultura de la nueva gestión pública, la cual es cada vez más tecnificada. Intervienen los nuevos instrumentos de gestión como son la agencialización, gerencialización, tercerización, tecnología de la información y la comunicación, las cuales son consideradas también como estrategias innovadoras para facilitar el logro de servicios públicos más eficientes y eficaces.

No obstante, se hace necesario que los funcionarios y los servidores públicos se profesionalicen en áreas de gestión, de tecnología e información, evitando al mismo tiempo convertirse en simples tecnócratas, de tal forma que las instituciones del Estado no desarrollen un sentir meramente empresarial alejado del entorno social al cual son llamados a servir.

La nueva gestión pública está centrada en la búsqueda no solo de resultados, sino de resultados de calidad. Es decir, que satisfagan de manera oportuna y adecuada las necesidades y expectativas de los ciudadanos–clientes, o mandantes. Para lograrlo, se requiere de la necesaria formulación de políticas públicas convenientes a toda la sociedad.

Una gestión pública de calidad apunta hacia el desarrollo de la persona, al respeto de la dignidad humana, a la cohesión de los diversos estratos sociales, a un desarrollo económico que pueda permear en forma equitativa a toda la sociedad. No apunta solo al crecimiento económico. La calidad en la gestión pública contribuye al desarrollo económico, a la creación de las condiciones necesarias para lograr la competitividad y la productividad propias de una sociedad globalizada.

Otro aspecto digno de mencionar es que la gestión pública de calidad necesita tener como fundamento los valores democráticos, que son garantía de las libertades públicas de todo ciudadano.

Esta nueva gestión pública requiere de total transparencia, ser abierta al cuestionamiento de la sociedad. Esto demanda, igualmente, tolerancia ante las críticas por muy duras que estas sean porque forman parte del rejuego democrático, que tiene su cúspide en la necesaria independencia y el balance y contrapeso de los poderes del Estado.

También se espera el realce de los valores éticos como lo son la honradez, la confianza entre mandantes y mandatarios, el ser meticulosos en la administración de los recursos del Estado, desarrollar la vocación al servicio en favor de las grandes mayorías, no la vocación de poder. Sin descuidar el interés particular, la imparcialidad, tratando a todos con equidad y justicia.

Por último se hace imperativo señalar que la nueva gestión pública será de calidad cuando logre incorporar en ella la rendición de cuentas, por parte de todos los funcionarios y servidores públicos de los diversos niveles administrativos, evidenciando así una real transparencia.

Cumplir con esta obligante rendición de cuentas es una demanda de los accionistas, y los ciudadanos-clientes, que no son otros que el colectivo social en su conjunto.

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